Isabel Canelo*
Líder de Gobernanza y Articulación Institucional
FCDS Perú

Una balsa, un motor, herramientas, combustible y mercurio son elementos que, vistos por separado, no nos dicen nada, pero que operando en un río se convierten en una de las expresiones más visibles de la destrucción de la Amazonía. Los hallazgos del MAAP #247 muestran una expansión sostenida de la minería aurífera ilegal en los ríos de Loreto. Las imágenes satelitales dan cuenta de su presencia y capacidad para extenderse y recomponerse pese a las acciones de control del Estado.

La minería ilegal no comienza con la extracción, sino antes, con su financiamiento. El dinero aparece antes de que una draga llegue al río, permanece durante la operación y se mantiene después de la comercialización, para reinvertir las ganancias.

Entre 2022 y 2026, la Marina destruyó 344 dragas en Ucayali y Huánuco. Según cifras de la Marina de Guerra difundidas por el programa Punto Final, de Latina Noticias, en ambos departamentos se registraron 21 dragas en 2022, 20 en 2023, 50 en 2024, 108 en 2025 y 145 en 2026. Solo entre el 2024 y 2026, el número anual se triplicó.

Las cifras muestran una respuesta estatal cada vez más intensa, pero también plantean una pregunta que va más allá de este tipo de intervenciones, ¿qué hace posible que, después de destruir una draga, otras continúen apareciendo en los ríos?

Una draga, dragalina, chute o traca en el río es la manifestación tangible de una economía ilícita mucho más amplia. Detrás existen capital, proveedores, maquinaria, transporte, comercialización y mecanismos para movilizar ganancias. La dimensión financiera que la respalda da una idea de su magnitud. La Memoria 2025 del Banco Central de Reserva del Perú señala que, entre 2015 y 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera registró 5.237 operaciones sospechosas de lavado de activos por USD 21 mil millones vinculadas a minería ilegal.

Concentrar la respuesta en la parte visible del iceberg –extracción, transporte, posesión del mineral–, tiene un alcance limitado. Debajo están el financiamiento de la operación, los mecanismos de lavado de activos, las empresas fachada, la corrupción que facilita determinadas etapas de la cadena y los beneficiarios finales.

A diferencia de la cocaína, el oro no es un producto prohibido, pero tiene una dificultad particular: alrededor de su comercialización existe una zona gris donde confluyen actividades legales, informales e ilegales complejizando identificar dónde termina una economía aparentemente legítima y dónde comienza la criminal. Por eso, seguir el oro no basta, es fundamental seguir el dinero, porque ambos que no recorren la misma ruta.

Según el BCRP, las empresas comercializadoras de minerales pasaron de 78 en 2022 a 487 en 2025, mientras sus exportaciones aumentaron de USD 1.705 millones a USD 6.297 millones. En 2025, este segmento concentró el 27,2 % del volumen de oro exportado por el país. Esto no implica que dichas empresas desarrollen actividades ilegales, pero sí muestra la necesidad de analizar el origen del mineral, los proveedores y los flujos financieros asociados.

Allí está uno de los principales desafíos para la investigación. Seguir la cadena demanda incorporar desde etapas tempranas el análisis de criminalidad organizada, dimensión financiera y patrimonial, recuperación de activos e identificación de posibles actos de corrupción. Los operativos en el territorio son necesarios, pero deben ser el punto de partida y no el final de la investigación.

Seguir el dinero permite intentar algo distinto: afectar la estructura económica que hace posible reponer las dragas destruidas y, con ello, sostener la minería ilegal.

*Isabel Canelo es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de Maestría en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la PUCP. Se desempeña como Líder de Gobernanza y Articulación Institucional de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) y cuenta con más de diez años de experiencia en gobernanza ambiental, aplicación de la ley y fortalecimiento institucional frente a los delitos ambientales en la Amazonía. Actualmente lidera iniciativas orientadas a fortalecer la investigación financiera de economías ilegales, la articulación interinstitucional y la cooperación judicial y transfronteriza.

Biografía:

Isabel Canelo es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de Maestría en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la PUCP. Se desempeña como Líder de Gobernanza y Articulación Institucional de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) y cuenta con más de diez años de experiencia en gobernanza ambiental, aplicación de la ley y fortalecimiento institucional frente a los delitos ambientales en la Amazonía. Actualmente lidera iniciativas orientadas a fortalecer la investigación financiera de economías ilegales, la articulación interinstitucional y la cooperación judicial y transfronteriza.