Devolver la paz a las calles no es solo una cuestión de patrullaje, sino de recuperar la fe inquebrantable en el uniforme y en la justicia que nos protege

La tranquilidad que caracterizó a las calles de la región San Martín parece diluirse entre el rugido nocturno de los motores de grupos de motociclistas y piques que toman las calles y avenidas de la ciudad y la creciente sensación de vulnerabilidad de sus habitantes.

Las cifras oficiales del Instituto Peruano de Economía IPE en un informe replicado por este medio, revelan una tendencia preocupante con 274 denuncias por cada 100 mil habitantes entre enero y marzo de 2026, un incremento del 24.5% en comparación con el 2019, mientras las extorsiones se han multiplicado por diez y los homicidios superan el caso por cada 100 mil pobladores.

Ante este panorama, la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en una urgencia inaplazable de repotenciar sus áreas de inteligencia, modernizar sus laboratorios criminalísticos y ejecutar una rotación estratégica de personal que garantice una mejor coordinación entre las jefaturas locales.

 No resulta admisible que unidades como el área de tránsito continúen perdiendo valioso esfuerzo en batidas rutinarias en lugar de enfocar sus capacidades en perseguir a las verdaderas bandas de motociclistas que toman la ciudad a su antojo cuando les viene en gana, convirtiendo los peligrosos piques clandestinos en una desconcertante «diversión» común que desafía la autoridad.

La problemática se extiende a lo largo del territorio, desde la provincia de Rioja – que concentra un tercio de los casos de minería ilegal de la zona – hasta Lamas, donde las denuncias crecieron un 33%, pasando por conflictos socioambientales como los registrados en torno al proyecto minero San Martín en Tabalosos.

De nada sirve lamentar el retroceso presupuestal o el hecho de que más de la mitad de las comisarías carezcan de servicios adecuados si no se recupera el principio de autoridad en las calles.

Hoy más que nunca, la región San Martín necesita orden absoluto y recuperar la confianza ciudadana en la Policía Nacional del Perú y en cada autoridad civil, cerrando filas con firmeza para frenar la delincuencia y devolverles a las familias la seguridad que merecen.