La justicia condenó a un excomisario y a un suboficial de la Policía Nacional por exigir dinero a un detenido y a su familia. El caso deja una reflexión sobre el uso de la función pública y la necesidad de que ningún ciudadano tenga que pagar para acceder a un trámite que corresponde realizar de manera regular.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Mariscal Cáceres logró una sentencia de 5 años de pena privativa de la libertad efectiva contra el suboficial S2 PNP Albeizer Díaz y el excomisario Jhon Cárdenas, quienes fueron hallados responsables del delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial.

De acuerdo con la investigación dirigida por el fiscal adjunto José Manuel Peche Gonzales, los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2022, en las instalaciones de la Comisaría Sectorial de Juanjuí, cuando ambos efectivos solicitaron dinero para agilizar el traslado oficial de un detenido hacia la ciudad de Moyobamba.

Según la acusación fiscal, el suboficial Albeizer Díaz pidió S/ 1,000 a la hija del detenido, mientras que el entonces comisario Jhon Cárdenas exigió S/ 1,500 al propio afectado. Los pedidos de dinero estaban vinculados a la promesa de acelerar su traslado, bajo el argumento de que la institución policial no contaba con presupuesto para cubrir los viáticos y que, si se seguía el procedimiento regular, el trámite podía demorar aproximadamente un mes.

Para el Ministerio Público, estas acciones evidenciaron el aprovechamiento indebido de la función policial para obtener un beneficio económico, condicionando un procedimiento oficial al pago de dinero.

Además de la condena de 5 años de prisión efectiva, el Juzgado Penal Unipersonal de Juanjuí ordenó que ambos sentenciados paguen de manera solidaria S/ 30,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado y dispuso su inhabilitación durante 5 años para ejercer cargo público.

Al establecerse que la pena será cumplida de manera efectiva, el juzgado también ordenó la inmediata ubicación, captura e internamiento de Albeizer Díaz y Jhon Cárdenas en el establecimiento penitenciario correspondiente.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que trasciende a los involucrados: la función pública no puede convertirse en una oportunidad para obtener beneficios personales. Cuando un ciudadano es obligado a pagar para recibir un servicio que debe brindarse conforme a la ley, no solo se afecta su bolsillo, sino también la confianza en las instituciones.

La corrupción empieza muchas veces con un pedido que parece “pequeño”, pero sus consecuencias son grandes: debilita la autoridad, perjudica al ciudadano y erosiona la confianza pública. Por eso, sancionar estos hechos también es una forma de defender la dignidad de quienes esperan que el Estado cumpla su deber sin cobrar favores.