Los gobiernos regionales acordaron fortalecer la vigilancia, incorporar tecnología y asegurar recursos para proteger las Áreas de Conservación Regional (ACR) frente a actividades ilegales que amenazan sus ecosistemas.
Los Gobiernos Regionales del Perú acordaron reforzar las acciones frente al avance de la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades que afectan las Áreas de Conservación Regional (ACR). El compromiso fue establecido en la Declaración de Cusco, suscrita al cierre del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, realizado del 6 al 9 de septiembre.
El documento plantea una ruta regional preventiva y trazable, basada en prevención, vigilancia, tecnología y fiscalización. Entre las medidas acordadas figura la implementación de herramientas tecnológicas para generar alertas tempranas y realizar monitoreo en tiempo real, además de protocolos para evaluar y fiscalizar actividades que puedan afectar los objetivos de conservación.
Los gobiernos regionales también se comprometieron a impulsar el saneamiento físico-legal de las ACR y desarrollar estrategias para reducir la minería y tala ilegales, así como otros usos incompatibles con estos territorios.
Para mejorar la capacidad de respuesta, se acordó priorizar progresivamente personal, equipamiento, logística y tecnología destinados a las labores de vigilancia, monitoreo y control. Asimismo, se planteó reducir el impacto de la rotación de funcionarios y garantizar la continuidad de las jefaturas y equipos técnicos, con el propósito de conservar la experiencia acumulada en la gestión de cada área.

La estrategia contempla también una mayor participación de las poblaciones locales mediante el fortalecimiento de los comités de gestión y espacios multiactor. A esto se suma la actualización del SIRAC y la implementación de mecanismos que permitan mejorar la transparencia y rendición de cuentas.
En materia de financiamiento, los gobiernos regionales acordaron promover mecanismos para asegurar recursos provenientes del canon destinados a la conservación y manejo de las ACR. Cada área deberá identificar sus brechas financieras y costos esenciales para incorporarlos en la programación multianual y gestionar recursos del presupuesto regional, inversión pública, cooperación, MERESE y otras fuentes compatibles.
La Declaración también propone incorporar la conservación de la biodiversidad en la planificación territorial, mediante evaluaciones, líneas base y criterios relacionados con biodiversidad, servicios ecosistémicos, riesgos y conectividad en los instrumentos de planificación y las carteras de inversión.
Los acuerdos serán incorporados a una agenda de seguimiento de la Red Nacional de ACR, cuyos avances serán evaluados periódicamente. Ucayali será sede del IV Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional en 2027, donde se revisará el cumplimiento de los compromisos asumidos.



