En un duro golpe contra la corrupción en la región, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí logró que se imponga una sentencia condenatoria de cinco años de pena privativa de la libertad efectiva y diez años de inhabilitación profesional y pública contra tres exservidores de la Municipalidad Provincial de Huallaga-Saposoa y un empresario, hallados culpables del delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

La contundente resolución alcanza a Jahir Ludeña, exgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y presidente del Comité de Selección; Romer Vela, exjefe de Abastecimiento y Servicios Generales; y Willi Laura, exresponsable del Instituto Vial Provincial, en calidad de autores; así como al empresario Flavio Malqui, representante del Consorcio Supervisor Pasarraya, en condición de cómplice. Todos ellos fueron encontrados responsables de direccionar de manera indebida un proceso de licitación pública que se remontan al 14 de agosto de 2017, fecha en la que otorgaron ilegalmente la buena pro del concurso para la supervisión de la obra del camino Saposoa-Pasarraya por un monto total de S/ 989,200.81, a pesar de que la constructora no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia ni calificación exigidos en las bases.

Durante el desarrollo del juicio, el Ministerio Público acreditó fehacientemente que el postor carecía de más de medio millón de soles para alcanzar la experiencia financiera mínima requerida de S/ 1’506,397.17. Ante este impedimento, el empresario optó por aplicar un cálculo arbitrario por inflación (IPC) no contemplado en las bases con el único fin de «inflar» sus cifras y simular un cumplimiento inexistente. Este importante resultado judicial fue posible gracias a la labor articulada del equipo fiscal, cuya etapa inicial de indagación fue impulsada por la abogada Angelita Vargas Tanasoa, mientras que la fase final del juicio oral estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Joe Collave Mantilla, logrando que el juzgado valide en su totalidad las pruebas presentadas. Cabe destacar que, actualmente, la ejecución de esta sentencia permanece suspendida provisionalmente mientras se resuelven las apelaciones correspondientes en una instancia superior.

La impunidad no solo destruye los presupuestos del Estado, sino que erosiona la confianza pública y posterga el desarrollo legítimo de nuestros pueblos. Cuando se utiliza el poder y la gestión institucional para favorecer intereses particulares mediante artificios y cálculos fraudulentos, se traiciona el mandato ciudadano.

Este fallo recuerda que la vigilancia de los recursos públicos y la probidad en la función estatal no son opciones negociables, sino el cimiento indispensable para construir una sociedad justa donde la ley alcance a todos por igual, sin privilegios ni excepciones.