El pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo abrió un debate en el Congreso sobre las modificaciones propuestas en materia ambiental, áreas naturales protegidas, pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), hidrocarburos y simplificación de procedimientos administrativos.
El tema fue abordado en una audiencia ciudadana realizada el 22 de septiembre de 2026, convocada por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para recoger opiniones de especialistas y representantes de diversos sectores.
Uno de los puntos de mayor discusión está relacionado con el Parque Nacional Bahuaja Sonene, particularmente con el sector Candamo, ubicado entre Puno y Madre de Dios. De acuerdo con el análisis de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la propuesta contempla modificar el marco de las áreas naturales protegidas para permitir su reducción física o modificación legal cuando sea necesaria para proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. DAR sostiene que los parques nacionales tienen carácter intangible y cuestiona las implicancias de una eventual modificación.
Otro aspecto abordado corresponde a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Organizaciones indígenas y de la sociedad civil han expresado preocupación por los cambios propuestos a la legislación que regula las reservas indígenas y han planteado que cualquier medida que pueda afectar directamente a estos pueblos debe considerar los mecanismos de protección de sus derechos.
La propuesta también incluye modificaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (SINEFA), la exploración y explotación de hidrocarburos y la simplificación administrativa.
En materia energética, DAR ha planteado que la discusión sobre la seguridad del abastecimiento debe considerar información sobre reservas, demanda proyectada y alternativas para diversificar la matriz energética. Estas posiciones forman parte del debate técnico y político alrededor de las facultades solicitadas.
La controversia también ha trascendido al ámbito internacional. El 15 de septiembre de 2026, procedimientos especiales de Naciones Unidas registraron una comunicación dirigida al Estado peruano sobre el proyecto de delegación de facultades, señalando posibles implicancias para derechos humanos, pueblos indígenas, ambiente, agua y saneamiento.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la delegación permitirá implementar medidas prioritarias y modernizar procedimientos, sectores del Congreso y organizaciones de la sociedad civil han pedido mayor precisión sobre el alcance de las facultades y sus posibles efectos ambientales y sociales.
El debate continúa en el Parlamento, donde deberán evaluarse los alcances de las materias solicitadas y las condiciones para una eventual delegación de facultades.
