El poder es prestado. El dinero público tiene dueño. La dignidad de la gente no se negocia. Elegir con la razón, con conciencia y con memoria no es solamente un derecho: es nuestra responsabilidad.

El poder público es temporal. El sillón municipal o regional no es un trono, una propiedad personal ni un escudo frente a la justicia.Es un encargo ciudadano.

Por eso, antes de acudir nuevamente a las urnas, vale la pena hacernos una pregunta sencilla: ¿para qué elegimos autoridades? La respuesta debería ser evidente: para servir, administrar correctamente los recursos públicos, resolver problemas y mejorar la vida de la gente. No para saquear el estado, repartir favores o convertir el Estado en patrimonio de unos cuantos.

El poder es prestado. Quien hoy ocupa un despacho mañana tendrá que entregar las llaves. Quien hoy recibe aplausos mañana tendrá que rendir cuentas.

Estas elecciones municipales y regionales deberían ser una oportunidad para mirar la política con mayor seriedad. No se trata solamente de escuchar discursos o dejarse llevar por la simpatía personal. Se trata de examinar trayectorias, contrastar propuestas, conocer antecedentes, saber quiénes acompañan a los candidatos y qué pretenden hacer con los recursos públicos.

Porque la corrupción no es una palabra genérica. Tiene rostro humano y consecuencias concretas. Y en San Martín, tenemos muestras reales, algunos sentenciados, otros dilatando la justicia o fugados.

Cada recurso público que se desvía o utiliza indebidamente representa una oportunidad perdida. Puede ser el niño que espera atención médica y no encuentra los medicamentos que necesita; el estudiante que asiste a una escuela sin condiciones adecuadas; el joven que busca una oportunidad para estudiar o conseguir un empleo digno; o el anciano que llega a un hospital esperando una atención después de toda una vida de trabajo.

Detrás de cada sol público existe una necesidad humana.

Por eso, utilizar recursos del Estado para beneficio personal no es solamente una falta administrativa o un problema legal. Es una ruptura del compromiso moral con la sociedad.Quien administra dinero público administra recursos que pertenecen a todos: al trabajador, al comerciante, al agricultor, al profesional y también a la familia que apenas consigue lo necesario para vivir.

En San Martín, como en otras regiones del país, existen antecedentes de exautoridades y funcionarios involucrados en investigaciones y procesos judiciales. Cada caso debe ser tratado conforme a la ley y respetando el debido proceso. Pero estos episodios también deberían llevarnos a una reflexión colectiva: ¿qué estamos haciendo como sociedad para impedir que la corrupción termine normalizándose?

No podemos aceptar que una investigación o un proceso judicial se conviertan en parte habitual del paisaje político. Tampoco podemos justificar la corrupción con aquello de que “todos lo hacen” o que una obra compensa una conducta indebida.

Una obra pública no compra la impunidad de una autoridad y ganar una elección no convierte a nadie en intocable.

El poder también puede generar una peligrosa sensación de permanencia. La soberbia del poder termina aislando al gobernante y debilitando a la institución.

La verdadera autoridad no se mide por la cantidad de personas que obedecen ni por el tiempo que alguien permanece cerca del poder. Se mide por la capacidad de servir, rendir cuentas, aceptar críticas, reconocer errores y entregar el cargo cuando corresponde.

Por eso debemos mirar también la crisis del sistema de partidos. Una democracia no se fortalece únicamente organizando elecciones. Necesita organizaciones políticas capaces de formar dirigentes, presentar propuestas serias, transparentar sus decisiones y asumir responsabilidades, ejercer vigilancia.

Pero ninguna reforma será suficiente si la ciudadanía renuncia a su propia responsabilidad.

El problema de la política no está solamente en quienes quieren gobernar; también está en la forma en que nosotros decidimos a quién entregar el gobierno.

No podemos exigir mejores autoridades y elegir únicamente por simpatía, amistad, regalos, favores o promesas imposibles. Tampoco podemos indignarnos después por la corrupción si antes ignoramos deliberadamente los antecedentes que podíamos conocer.

Elegir exige esfuerzo.Exige detenerse, investigar, comparar y pensar. Informarse antes de votar también es una forma de combatir la corrupción. Hay que revisar la trayectoria de los candidatos, conocer sus propuestas, contrastar sus declaraciones, observar a quienes los acompañan y preguntar cómo pretenden cumplir aquello que prometen.

En campaña todo puede parecer posible. Se ofrecen obras, empleo, seguridad, salud y desarrollo. Pero gobernar no consiste en prometer. Gobernar consiste en cumplir, administrar, priorizar y rendir cuentas.

La ciudadanía merece autoridades que entiendan que detrás del presupuesto existe una familia; que detrás de una partida de salud existe un paciente; que detrás de una escuela existe un niño; que detrás de una oportunidad existe un joven; y que detrás de cada servicio público existe un ciudadano que merece ser atendido con dignidad.

Ellos deberían estar en el centro de cualquier decisión pública. No la vanidad del funcionario. No la ambición del político. No el interés del grupo. La gente.

El sillón municipal o regional no es un botín para enriquecerse, un espacio para construir redes de poder ni una herramienta para buscar protección frente a la justicia. Es una responsabilidad temporal que, tarde o temprano, se devuelve a su verdadero dueño: el ciudadano.

Cuando llegue ese momento, desaparecerán los aplausos, las fotografías de campaña y los privilegios del cargo. Quedarán las obras, las cuentas, las decisiones, las explicaciones y, sobre todo, la memoria de la población.

El poder pasa. La responsabilidad queda.

Por eso, frente a un nuevo proceso electoral municipal y regional, debemos preguntarnos quién comprende la dimensión del encargo que está solicitando; quién está dispuesto a rendir cuentas; quién acepta la crítica y quién entiende que gobernar no es mandar, sino servir.

La democracia no termina cuando depositamos el voto.Allí comienza nuestra responsabilidad de vigilar, preguntar y exigir cuentas.

Por eso, no entreguemos nuestro voto a la propaganda, al entusiasmo momentáneo ni a las promesas más ruidosas. Informémonos. Preguntemos. Contrastemos. Revisemos antecedentes. Pensemos. Porque detrás de cada voto hay una decisión sobre el futuro de una ciudad, una provincia o una región. Y detrás de cada decisión pública hay personas esperando que el Estado cumpla con su deber.

El poder es prestado. El dinero público tiene dueño. La dignidad de la gente no se negocia. Elegir con la razón, con conciencia y con memoria no es solamente un derecho: es nuestra responsabilidad.

Gobernar no es reinar. Servir no es aprovecharse. Y el verdadero poder no consiste en aferrarse al sillón, sino en recordar que algún día habrá que levantarse de él y responder ante la ciudadanía.