El Ministerio de Educación prepara normas para intervenir frente a la violencia escolar y regular el uso de teléfonos móviles, mientras el presupuesto educativo de 2027 contempla más recursos para infraestructura, conectividad, docentes, becas y primera infancia.

La escuela vuelve a colocarse en el centro de una discusión que ya no puede esperar. Entre los conflictos de convivencia, el uso creciente de celulares y las brechas que persisten en infraestructura y conectividad, el Ministerio de Educación prepara nuevas reglas para responder a estos desafíos. Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, anunció que próximamente se emitirán normas para que las autoridades educativas puedan intervenir ante casos de violencia escolar y regular el uso de teléfonos celulares en los colegios.

En materia de violencia, el anuncio contempla medidas que podrían llegar incluso a la expulsión de estudiantes que cometan actos violentos, según las nuevas disposiciones que estudia el sector. La propuesta abre el debate sobre la convivencia en las aulas y los límites de la autoridad escolar.

Respecto a los teléfonos móviles, Chang Escobedo recordó que existe una ley aprobada en 2025que restringe su uso, pero que todavía no ha sido reglamentada. El ministro citó como referencia las restricciones que, según explicó, se vienen impulsando en la Unión Europea, especialmente respecto al acceso de niños y adolescentes a pantallas y redes sociales. Planteó que, cuando los dispositivos tengan fines académicos, puedan utilizarse bajo cuentas vinculadas a padres o tutores y no necesariamente mediante cuentas personales.

La otra cara de la agenda es el presupuesto.

Para 2027, el Proyecto de Presupuesto General de la República contempla S/ 49 068 millones para la función educación, un incremento de 0,7 % frente al presupuesto institucional de apertura (PIA) de 2026. De ese monto, S/ 30 131 millones (61 %) corresponderían a Gobiernos regionales; S/ 17 887 millones (36 %) al Gobierno nacional; y S/ 1 050 millones (2 %) a los Gobiernos locales.

La agenda educativa, así, avanza entre nuevas reglas para la convivencia y una apuesta presupuestal que deberá traducirse en mejores condiciones para aprender. El desafío no estará solamente en aprobar normas o asignar recursos, sino en conseguir que ambos lleguen efectivamente a las aulas.

Porque educar no es solo poner límites ni aumentar presupuestos: es garantizar que cada escuela sea un espacio seguro, equipado y conectado donde cada estudiante tenga una oportunidad real para construir su futuro.