La destrucción despiadada de los bosques y ríos amazónicos por parte de mafias extractivas encuentra un freno firme, recordando que la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales no son negociables.

Un duro golpe contra las mafias que depredan los recursos naturales perpetró el Estado en la ceja de selva nororiental. Un megaoperativo interinstitucional contra la minería ilegal permitió intervenir siete excavadoras sobre oruga, 14 motores diésel, 16 bombas de succión de agua, más de 5 mil galones de combustible y 27 campamentos rústicos dedicados a la extracción ilícita de minerales en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.

La exitosa acción, ejecutada durante los días 24 y 25 de septiembre de 2026, estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) en estrecha coordinación con las fuerzas del orden. En el despliegue táctico participaron de manera directa los fiscales adjuntos provinciales Jesús Ernesto Vilca Romero y Alán Armando Otero Medina, quienes lideraron la incursión y ordenaron el inmediato decomiso de cinco generadores eléctricos, maquinaria pesada, herramientas y diversos implementos logísticos empleados por estas organizaciones criminales.

Con este operativo, fundamentado en las disposiciones del Decreto Legislativo N.º 1100, el Ministerio Público busca frenar las operaciones ilegales que ahogan el pulmón verde del país, reduciendo drásticamente la capacidad logística de las mafias para continuar destruyendo los ecosistemas y poniendo en riesgo la salud de las comunidades nativas. La Coordinación Nacional de las FEMA reafirmó que estas intervenciones continuarán de la mano con la Policía Nacional del Perú, consolidando una estrategia sostenida para garantizar la presencia firme del Estado en zonas declaradas de alta prioridad.

Para blindar de forma permanente estas zonas vulnerables y evitar el retorno de la actividad extractiva ilícita, se requiere implementar rigurosas acciones preventivas, tales como el establecimiento de puestos de control fluvial y terrestre permanentes, la fiscalización estricta del ingreso y venta de insumos químicos y combustibles en la zona de frontera, el fortalecimiento del patrullaje satelital continuo y la promoción de alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales.

Combatir la minería ilegal no es solo una cuestión de persecución penal, sino una obligación moral con las futuras generaciones; permitir que la avaricia destruya nuestros ríos y bosques equivale a cavar nuestra propia tumba en el corazón de la Amazonía.