Entre 2001 y 2025, Perú perdió una superficie de bosque equivalente a toda la región Cajamarca. Y no fue un accidente.

Por: Fernando Regal, Líder de Gestión de la Información, FCDS Perú

La deforestación es uno de los principales problemas ambientales y políticos de la Amazonía peruana. No consiste únicamente en la desaparición de árboles, sino en la conversión del bosque hacia otros usos del suelo, como la agricultura, la ganadería, la minería, la construcción de carreteras o la expansión urbana. Y conviene decirlo con claridad: no estamos ante un fenómeno inevitable, sino frente al resultado de decisiones económicas, sociales e institucionales.

Las causas directas son conocidas, agricultura y ganadería extensivas, cultivos ilícitos, minería informal e ilegal, tala ilegal, apertura de caminos forestales ilegales y crecimiento desordenado de los centros poblados. Pero detrás de ellas actúan factores menos visibles y, quizá por eso, más difíciles de enfrentar como la migración, la demanda del mercado, la falta de asistencia técnica, la débil presencia del Estado, la escasa vigilancia, la corrupción, el tráfico de tierras y la sensación de impunidad. Cada hectárea perdida revela, entonces, una cadena de decisiones y omisiones.

Las cifras deberían sacudir nuestra indiferencia. Según los datos oficiales de pérdida de bosque publicados por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), a través de Geobosques, entre 2001 y 2025 la Amazonía peruana perdió aproximadamente 3,32 millones de hectáreas de bosque húmedo amazónico, una superficie comparable a la región Cajamarca. Solo en 2025 desaparecieron más de 126 mil hectáreas. El año más devastador fue 2020, cuando se perdieron más de 203 mil hectáreas, incluso durante las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. La crisis, evidentemente, no se detuvo con la cuarentena.

Tampoco se deforesta de la misma manera en todas las regiones. En 2025, Ucayali encabezó el ranking, con más de 30 mil hectáreas perdidas, seguido de Loreto, con alrededor de 20 mil; Madre de Dios, con 17 mil; San Martín, con 14 mil; y Huánuco, con 13 mil. A nivel provincial, Coronel Portillo, en Ucayali, registró más de 12 mil hectáreas deforestadas.

Hay otro aspecto decisivo: la relación entre deforestación y tenencia de la tierra. Según el informe Deforestación, cambio de uso de la tierra y actividades ilegales en la Amazonía Peruana (2001-2025), de FCDS Perú, próximo a publicarse, en 2025 las comunidades nativas de la Amazonía peruana registraron una pérdida aproximada de 25 715 hectáreas, mientras que las áreas naturales protegidas nacionales perdieron cerca de 6 800 hectáreas.

Esta diferencia demuestra que las áreas protegidas siguen siendo una de las estrategias más eficaces para conservar ecosistemas naturales de importancia estratégica. También expone la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, principales custodios de territorios que constantemente enfrentan amenazas. La mayor concentración de la deforestación ocurrió en tierras sin asignación definida: espacios públicos sin tenencia reconocida, en trámite o en disputa. Allí se produjo el 28 % de la deforestación amazónica, equivalente a más de 32 mil hectáreas.

Cuando en un territorio no existe claridad jurídica sobre la propiedad y la tenencia de la tierra, la presencia del Estado es débil o insuficiente y, además, existe una normativa que, lejos de impulsar el ordenamiento y la zonificación, los excluye, como ocurre con la Ley N.° 31973, el resultado puede ser que se imponga quien llega primero, tiene más recursos o actúa con mayor violencia. A ello se suma que el tráfico de tierras todavía no cuenta con una definición legal específica.

El ordenamiento territorial, la titulación y la zonificación no pueden seguir postergándose. ¿Y qué está en juego? Mucho más que la cobertura forestal. Cuando se deforesta el bosque, se pierde biodiversidad; se pone en riesgo la regulación climática e hídrica, el control de la erosión y funciones ecológicas como la polinización y la dispersión de semillas; se alteran los ciclos naturales y fenológicos y se reduce la disponibilidad de agua. A ello se suman los impactos contaminantes de actividades como la minería ilegal y el uso del mercurio, que afectan tanto a los recursos hidrobiológicos como a las poblaciones que dependen de ellos.

El costo social es igualmente profundo. Las comunidades indígenas pierden territorios, medios de vida y referentes culturales. Las actividades ilegales, además, alimentan la violencia, la criminalidad y las amenazas contra defensores ambientales. Por eso, entender la deforestación y sus múltiples causas debe ser una prioridad para las autoridades actuales y las próximas autoridades elegidas.

La conservación de los bosques y el desarrollo sostenible de nuestras poblaciones dependerán de decisiones firmes sobre la tenencia de la tierra, el ordenamiento territorial, la fiscalización y el control estatal. Cada hectárea perdida es una advertencia: si seguimos tratando la deforestación como un problema lejano, terminaremos perdiendo también la posibilidad de revertirla.

Fernando Regal

Ingeniero Forestal, con maestría en Conservación de Recursos Forestales por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con más de veinticinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos de conservación en la Amazonía peruana.