La legalidad de los comicios está bajo evaluación ante una modalidad cuestionada que desafía la prohibición constitucional de la reelección inmediata.

Con el conteo oficial de la ONPE prácticamente al 100 %, la atención se centra en la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre 21 casos de presunta reelección encubierta identificados a nivel nacional. El organismo deberá determinar si entrega las credenciales de alcalde a los primeros regidores que postularon bajo esta modalidad. Entre los casos figura la Municipalidad Metropolitana de Lima, vinculada a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, de Renovación Popular Perú.

En el ámbito provincial se registran siete casos, dos de ellos en San Martín: Jubinal Nicodemos Flores, de Avanza País-Partido de Integración Social, en Rioja, y May Díaz Pérez, de Fuerza Popular, en Lamas.

La lista incluye también a César Noé Caballero Nashnate, de Somos Perú, en Requena (Loreto); Hermógenes Lozano Trigoso, de Somos Perú, en Condorcanqui (Amazonas); Richard Hitler Ale Cruz, de Yo Arequipa, en Islay (Arequipa); y Polanski Carmona Cruz, de Somos Perú, en Ferreñafe (Lambayeque). A estos se suman otros 14 casos distritales.

El pleno del JNE deberá resolver si corresponde otorgar las credenciales o rechazarlas. En este último escenario, la administración municipal recaería en los segundos regidores, conforme a las disposiciones aplicables y a la restricción establecida en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, aún no ha precisado cuándo se emitirá una decisión. Indicó que la institución permanece en sesión permanente y actuará con apego a la ley, sin presiones externas.

Por su parte, Proética rechazó la decisión del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, que declaró improcedente una denuncia presentada el 26 de septiembre por considerar que el asunto correspondía al ámbito técnico, electoral y jurídico.

La organización advirtió que simular una candidatura para luego renunciar, en coordinación con el primer regidor, podría constituir un fraude a la ley y un engaño a la ciudadanía. Por ello, exhortó al JNE a defender la legalidad y la integridad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La legitimidad democrática exige transparencia y respeto a las normas que garantizan la voluntad ciudadana expresada en las urnas.