Cuando el máximo órgano electoral posterga decisiones clave y permite vacíos en las reglas del juego, la democracia queda atrapada en una paradoja peligrosa donde respetar las urnas significa validar el desacato a la Constitución.

Según el análisis publicado por la revista La Voz, el panorama político nacional se encuentra sumido en una compleja encrucijada tras los últimos resultados electorales. Sin mayores sorpresas, la lista de Renovación Popular a la Municipalidad Metropolitana de Lima, encabezada circunstancialmente por Rafael López Aliaga, habría ganado la elección con el 27.7% de los votos, de acuerdo con el conteo oficial de la ONPE al 92.8%. Sin embargo, la atención se centra ahora en la postura que adoptará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que deberá decidir si entrega o no las credenciales a Rafael López Aliaga, quien está a puertas de asumir como burgomaestre a pesar de que la Constitución prohíbe expresamente la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores.

Tal como advierte la fuente, cualquier decisión que tome el JNE acarreará consecuencias sumamente negativas: negar la credencial significaría ir en contra de lo decidido por el voto popular, mientras que entregar la credencial convertiría al supremo tribunal en cómplice de una treta legal diseñada para eludir el mandato constitucional, maniobra a la que también han recurrido otros 19 virtuales alcaldes a nivel nacional. En esta encrucijada, el principal responsable no es solo el político criollo que aprovecha las lagunas normativas, sino la propia autoridad electoral que permitió antecedentes ambiguos, como autorizar que Rafael López Aliagano asuma el cargo de Senador para el que fue elegido en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Ante esta crisis de legitimidad, se vuelve urgente que el recién instalado Congreso de la Repúblicatome el toro por las astas, debata la reelección subnacional por un periodo adicional con candados estrictos y exija una mejor vigilancia de los recursos públicos en las campañas para evitar futuras artimañas.

La democracia no se sostiene en la astucia de las trampas legales ni en la pasividad de sus jueces; exige reglas claras e instituciones firmes capaces de hacer cumplir la Constitución sin empeñar el futuro del país en el camino.