Tenemos obras de saneamiento paralizadas en las 10 provincias, plantas de tratamiento a medio hacer y otras que no se usan por falta de gestión.

Mientras se anuncian inversiones masivas mediante Obras por Impuestos para cerrar las brechas de agua y desagüe en el Perú, el mapa oficial excluye a la Amazonía y a San Martín, encendiendo las alarmas sobre la capacidad de gestión regional y la verdadera descentralización de los recursos estatales. 

En momentos en que la infraestructura sanitaria del país atraviesa uno de sus desafíos más críticos, la agencia estatal ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas han presentado su mapa de «Potenciales Inversiones OxI en Saneamiento», proyectando un paquete global de S/ 655 millones distribuidos en 33 intervenciones potenciales que abarcan 13 regiones beneficiadas. El plan contempla la participación de 19 entidades públicas e incluye 23 intervenciones rurales por S/ 297 millones, 9 intervenciones urbanas por S/ 354 millones y 1 proyecto de drenaje pluvial por S/ 3 millones. Sin embargo, al observar detalladamente la cartografía nacional divulgada a través de www.investinperu.pe, salta a la vista un silencio desconcertante: la región San Martín no figura con ningún proyecto dentro del esquema, dejando a ciudades con serios problemas de agua y alcantarillado, como Moyobamba, Tarapoto o Juanjuí, fuera de esta cartera de financiamiento privado bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

La ausencia de la región amazónica en esta hoja de ruta no es casualidad y responde a un conjunto de factores estructurales y de gestión que ahondan la postergación local. En primer lugar, la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) requiere un rol proactivo y técnico por parte del Gobierno Regional de San Martín y las municipalidades provinciales, las cuales deben priorizar y registrar sus proyectos en el marco del sistema de inversión pública, además de promover activamente sus carteras ante las empresas privadas. La falta de expedientes técnicos consolidados y saneados legalmente frena la inclusión en los catálogos de ProInversión. Por otro lado, la limitada oferta de grandes empresas dispuestas a financiar proyectos en la zona bajo esta modalidad, sumada a la compleja gestión de los servicios básicos a cargo de EPS locales golpeadas por brechas presupuestales, retrasa la articulación entre el sector privado y el Estado. Mientras regiones vecinas logran captar montos significativos —como los 228 millones de dólares proyectados en Cusco o los 122 millones de dólares en Piura—, San Martín continúa rezagada en la concertación de alianzas para cubrir sus necesidades básicas de salubridad.

El acceso al agua potable y a un saneamiento digno no es un privilegio de oportunidad ni un simple indicador macroeconómico; es un derecho humano fundamental sin el cual el discurso del progreso regional resulta totalmente hueco.