Ojalá pronto el INPE en San Martín, realice un sinceramiento sobre el estado de las cárceles en la región, – seguridad y vigilancia interna y externa, hacinamiento -, y se verifique si existen bloqueadores de señal telefónica instalados y si éstos están operativos.
Un preocupante panorama sobre el sistema penitenciario nacional reveló la Contraloría General de la República (CGR) tras identificar 265 situaciones adversas en 52 establecimientos penitenciarios del país durante un operativo de control simultáneo realizado del 14 al 16 de septiembre de 2026. Entre los hallazgos más alarmantes destaca que siete establecimientos carecen de sistemas de bloqueo de señales de celulares e Internet, mientras que la principal problemática radica en la falta de personal, armamento, equipamiento táctico y medios de comunicación en los puestos de control, acumulando 81 observaciones directas.
Esta deficiencia afecta de manera crítica a recintos del país, entre los cuales figura el penal de Tarapoto, en la región San Martín, junto a otros como Miguel Castro Castro, Cañete, Huacho, Huaraz, Chimbote, Chincha, La Oroya, Chanchamayo, Trujillo, Tumbes y Moquegua. De acuerdo con el informe del órgano de control, 24 de los 52 penales supervisados presentan un déficit severo de agentes para custodiar torreones, perímetros, monitorear cámaras y realizar traslados, situación que expone a un alto riesgo a internos, trabajadores penitenciarios y visitantes ante eventuales motines o emergencias. A ello se suma la presencia de 229 agentes de seguridad con licencias para portar armas vencidas o sin autorización, concentrados principalmente en Miguel Castro Castro (200 agentes) y Chachapoyas (29 agentes). En materia de videovigilancia, la Contraloría detectó 51 observaciones vinculadas a la inoperatividad de cámaras en 43 penales, reportando equipos malogrados, imágenes borrosas, puntos ciegos y periodos de almacenamiento de grabaciones inferiores a los 60 días exigidos por norma, vulnerabilidades que se acrecientan en establecimientos amazónicos como Yurimaguas, Iquitos y Bagua Grande. Frente a esta realidad, resulta urgente que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) adopte medidas inmediatas de reestructuración y fiscalización, pues la seguridad pública no puede ser rehén de la desidia ni de muros sin vigilancia real.
