El uso indiscriminado y sin autorización de las zonas protegidas en la Amazonía peruana encuentra un freno judicial decisivo, recordando que la destrucción de los pulmones verdes del país no quedará impune.

En una sentencia contundente contra los delitos ambientales en la región San Martín, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Tarapoto condenó a David Cayotopa Dávila a seis años y diez meses de pena privativa de la libertad efectiva. Asimismo, el órgano judicial dispuso que el condenado efectúe el pago de S/ 2000 por concepto de reparación civil a favor del Estado. El sujeto fue hallado culpable como autor del delito contra los bosques o formaciones boscosas, en su modalidad agravada, tras haber perpetrado actos de tala ilegal en una de las reservas ecológicas más emblemáticas de la región.

Los hechos se remontan al año 2021, cuando el imputado deforestó una extensión de 3/4 de hectárea de árboles primarios en el sector Alto Progreso, ubicado en el distrito de La Banda de Shilcayo. Las actividades depredadoras se llevaron a cabo dentro del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, sin contar con ningún tipo de permiso ni autorización otorgados por la autoridad ambiental competente. La culpabilidad de David Cayotopa Dávila fue acreditada de manera irrefutable gracias a las sólidas pruebas recabadas y presentadas por el fiscal adjunto provincial Alexander Taica Luliquis, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Moyobamba, institución que lideró las investigaciones del caso.

A pesar de la severidad de la condena impuesta, el tribunal dictaminó la suspensión provisional de la ejecución de la pena hasta que el fallo sea revisado y eventualmente confirmado por la Sala Superior de Apelaciones correspondiente. Con esta resolución, el Ministerio Público reafirma su compromiso de seguir persiguiendo legalmente a quienes atentan contra el patrimonio forestal y de continuar impulsando acciones operativas y judiciales para erradicar definitivamente la tala indiscriminada que amenaza la biodiversidad amazónica.

Los bosques primarios y las áreas naturales protegidas no son terrenos negociables ni recursos libres para el saqueo; castigar con firmeza la tala ilegal es una obligación moral e institucional para garantizar la supervivencia de nuestro ecosistema y defender el patrimonio natural de las futuras generaciones.