La inversión pública no puede seguir siendo botín de la desidia técnica ni del silencio cómplice; cada sol perdido en obras deficientes representa una bofetada directa a las comunidades que claman por servicios básicos dignos.

La Contraloría General de la República emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 010-2026-2-0775-AC, tras evaluar hechos registrados entre el 1 de junio de 2023 y el 5 de diciembre de 2025, revelando un perjuicio económico total que asciende a S/ 282 894 en la ejecución de la obra de captación y conducción de agua potable en la localidad de Maray, ubicada en el distrito de San José de Sisa, en la provincia de El Dorado. El informe técnico detalla que las pérdidas económicas se originaron por deficiencias críticas en el expediente técnico, trabajos que incumplieron las especificaciones normativas y errores injustificados en el cálculo de metrados tramitados para su cancelación.

Durante las indagaciones, el órgano de control determinó que un exfuncionario de la gestión edil correspondiente emitió una opinión favorable para aprobar y actualizar el expediente técnico a pesar de sus evidentes fallas, lo que derivó en el pago de partidas con sobrecostos por un monto de S/ 104 773.

Asimismo, se detectó un perjuicio adicional de S/ 164 730 debido a graves deficiencias en la instalación de tuberías y en la colocación de la cama de arena y materiales de apoyo, las cuales no cumplían con las especificaciones técnicas exigidas, pese a lo cual recibieron conformidad y pagos indebidos. A esto se suma un cálculo incorrecto en una obra adicional que generó un perjuicio de S/ 13 389. Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó a la Municipalidad Provincial de El Dorado iniciar las acciones legales y administrativas para el deslinde de responsabilidades del exfuncionario involucrado, exigiendo además la implementación urgente de mecanismos de control que garanticen una correcta administración de los recursos públicos en beneficio de los vecinos de la región San Martín.

La ineficiencia en la ejecución de proyectos de saneamiento no solo dilapida los fondos del Estado, sino que condena a cientos de familias al desamparo institucional. Si las autoridades locales continúan tolerando la improvisación y la falta de rigor técnico en las obras de desarrollo, la tan ansiada justicia social seguirá siendo una promesa vacía sepultada por la indolencia burocrática.