En investigación, la Caja Piura aparece en el desvío de más de un millón de soles

El Ministerio Público y los tribunales tienen la responsabilidad impostergable de sentar un precedente drástico contra la impunidad institucional.

Al tomar conocimiento de los hechos, este diario consulto a la asesora legal Tany Tania Chávez Escobar advirtió: “La sociedad asiste con indignación a la revelación de un presunto desvío de dinero del Estado que asciende a más de un millón de soles (S/ 1’201,431.15), fondos correspondientes a la liquidación de una obra culminada por el Consorcio Juan Guerra que debían depositarse en una cuenta intocable de la Municipalidad Distrital de Juan Guerra en el banco BBVA”

La consultora legal explico que las acciones para consumar los hecho materia de la denuncia se dieron a través de una maniobra plagada de irregularidades, el presupuesto público fue desviado hacia una cuenta bancaria irregular en la Caja Piura. Según consta en las investigaciones de la Carpeta Fiscal N.° 029-2026, el presunto delito se perpetró cuando un tercero identificado como Edwin Lizardo Millán Zárate logró la apertura dicha cuenta en la Caja Piura utilizando un contrato asociativo con firmas y sellos adulterados. Advierte que el esquema delictivo continuó con la sospechosa «siembra» de dicho número de cuenta en la Municipalidad Provincial de Rioja por parte del servidor Berlín Mera Tantaleán, quien la ingresó manualmente al sistema estatal sin existir vínculo contractual alguno con el ejecutante de la obra, detalla.

Ademas señala “la red se completó en la Municipalidad Distrital de Juan Guerra, donde la servidora de presupuesto Lilibeth Pulache Pinedo – cónyuge del trabajador municipal de Rioja – desactivó arbitrariamente la cuenta oficial del BBVA para direccionar los fondos a la Caja Piura, desoyendo las formales advertencias notariales del contratista legítimo” advierte.

Finalmente, Chávez Escobar explica “la gravedad del caso quedó al descubierto tras la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que mediante el Oficio N.° 1965-2026-EF/52.06 confirmó con rastreos informáticos que el 100% del dinero fue retirado en su totalidad por manos ajenas al proyecto. Frente a este despojo masivo de los recursos del pueblo, la actuación de los órganos de justicia resulta inaceptable: las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto desde el mes de mayo permanecen en una inercia pasmosa, mientras que el Órgano de Control Institucional (OCI) se ampara en excusas de procedimiento señalando encontrarse «dentro de sus plazos legales» puntualiza.

 Ante este escenario donde los funcionarios cuestionados continúan sin asumir su responsabilidad penal y administrativa, la abogada defensora del Consorcio Juan Guerra alzó la voz para demandar una drástica intervención judicial: «Este caso es alarmante, al parecer existiría una cadena o plan articulado minuciosamente. Estemos alertas pues se trata del tesoro público, nos mantendremos en seguimiento permanente hasta que se haga justicia.» Es el momento de que el Poder Judicial y los fiscales anticorrupción actúen con celeridad, formalicen las imputaciones y apliquen la ley sobre los servidores y entidad involucrada, finiquita la abogada TanyChávez Escobar.