Por Martín Arana, Líder de Gestión Territorial Amazónica en FCDS Perú. Es Ingeniero Forestal y especialista en políticas públicas para la gestión ambiental multisectorial.

Hace 30 años, la serie documental “Candamo, la última selva sin hombres” maravilló al Perú y al mundo. El Candamo es el corazón del Parque Nacional Bahuaja Sonene y, dentro de su zonificación, está clasificado como “Área de protección estricta”. Hoy, sin embargo, esa condición está en riesgo.

El proyecto de delegación de facultades enviado al Congreso de la República contempló modificar el marco normativo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) para permitir actividades extractivas como la explotación de gas e hidrocarburos. En su exposición de motivos señaló expresamente la intención de recortar el Bahuaja Sonene para acceder a los yacimientos gasíferos del Candamo, bajo el argumento de la seguridad energética. Aunque la versión final aprobada excluyó este tema, la propuesta sigue en la agenda del actual Gobierno.

Según el Ejecutivo, las operaciones de hidrocarburos serían casi impolutas y estarían bajo control. Pero en un contexto en el que la fiscalización ambiental en el discurso del nuevo gobierno se presenta como un freno a la inversión, el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y la anunciada reorganización del sector generan más dudas que certezas.

Un riesgo que no se está mirando

El análisis oficial no considera que la pérdida de intangibilidad abre la puerta a las economías ilícitas. Camisea, citado como ejemplo por quienes defienden la explotación del Candamo, ofrece una alerta: la alta incidencia del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos llevó a declarar el estado de emergencia en los distritos de Megantoni, Kumpirushiato, Echarate, Villa Virgen y Villa Kintiarina (DS N.° 028-2025-PCM).

El cerco de la minería

El Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata ya están literalmente asediados por derechos mineros. Muchos de estos derechos, otorgados o en trámite, están vinculados al cuestionado proceso de formalización minera y se ubican en zonas clave, cercanas o de acceso al Candamo, como las cuencas del Leche Mayo, Chaspas, San Gabán y el Alto Inambari. Son focos persistentes de minería ilegal.

Además, el Candamo tiene oro. En 2007, el INGEMMET identificó nueve yacimientos auríferos al interior del parque, cinco de ellos en la zona del Candamo. La propuesta de recorte planteada ese mismo año abarcaba más de 200 000 hectáreas. Excluirlas de su condición de intangibilidad significa abrir un nuevo frente de expansión de la minería ilegal y complicar aún más los esfuerzos para controlarla en Sandia y Carabaya (Puno) y en Madre de Dios.

La coca al acecho

La minería ilegal no es la única amenaza. En la selva de Puno se ubican dos importantes zonas productoras de hoja de coca: Inambari–Tambopata, con 9343 hectáreas (11.1 % del total nacional), y San Gabán, con 1769 hectáreas (2.1 %), según DEVIDA (2025). Inambari en Tambopata ocupa el segundo lugar a nivel nacional, solo después del VRAEM, y San Gabán es la puerta de entrada al Candamo.

El propio Bahuaja Sonene ya sufre las consecuencias: según DEVIDA, es el Área Natural Protegida más afectada por cultivos ilícitos de coca en el país.

Un muro que no debe caer

Flexibilizar el marco normativo y recortar el Parque Nacional Bahuaja Sonene en nombre de la seguridad energética es un peligro que trasciende por completo la actividad hidrocarburífera. Despojar al Candamo de su intangibilidad equivale a derribar un muro de contención legal frente a la minería ilegal y el narcotráfico que ya asedian sus fronteras.

Ignorar estos riesgos no solo debilita la institucionalidad ambiental del país: condena al fracaso los esfuerzos por conservar una de las últimas selvas sin hombres del planeta y deja que las economías ilegales terminen devorando lo que la ley dejó desprotegido.