La verdadera medida del progreso no se sustenta en el crecimiento de unos pocos a costa de degradar los ecosistemas, sino en la capacidad del Estado para garantizar que la ley proteja la vida, resguarde a los defensores del territorio y asegure un futuro digno para las próximas generaciones.
Frente al avance de amenazas críticas como la minería ilegal, la tala clandestina y la contaminación de las fuentes de agua en la región amazónica, diversas autoridades del Estado, representantes de los pueblos indígenas, de la academia y de la sociedad civil impulsan una respuesta articulada a través del renovado Pacto por la Justicia Ambiental en el Perú. Este importante instrumento, que proyecta sus metas y obligaciones de acción hacia el año 2030, busca vincular de manera directa los principios del derecho con la protección efectiva de la vida y los ecosistemas vulnerables.
Durante la presentación de esta iniciativa, encabezada por la presidenta del Poder Judicial, doctora Janet Tello Gilardi, se enfatizó la urgencia de superar los vacíos históricos donde una comunidad puede ganar un proceso judicial en los tribunales, pero continuar con el agua o el aire contaminados. En esa línea, el pacto representa un reimpulso trascendental del acuerdo suscrito en el año 2017 y entregado al papa Francisco en 2018, proyectando ahora su mensaje de rendición de cuentas ante el papa León XIV. El documento subraya criterios fundamentales inspirados en la encíclica papal y en precedentes internacionales, recordando que limitar el calentamiento global a1,5 °C por encima de los niveles preindustriales – según las recientes opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitidas en 2025 – constituye una obligación jurídicamente exigible para los Estados.
El acuerdo establece 10 compromisos clave, destacando entre ellos la necesidad de acercar la justicia ambiental a quienes más la necesitan mediante la reducción de barreras geográficas, económicas y lingüísticas, así como la atención respetuosa a lospueblos indígenas en sus propias lenguas y formas de organización. Asimismo, exige una coordinación interinstitucional drástica para prevenir, investigar y sancionar los delitos ambientales, protegiendo activamente a los defensores del ambiente y garantizando que las sentencias de reparación y restauración de la naturaleza no queden en el papel.
La realidad crítica que enfrentan cuencas amazónicas emblemáticas como el río Nanay, en la región Loreto, ilustra la urgencia de aplicar los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia. Dicho río, que sostiene a numerosas comunidades nativas y abastece de agua potable a la ciudad de Iquitos, sufre los embates de la minería ilegal y la contaminación por mercurio. Ante este panorama, se recordaron valiosos hitos jurídicos nacionales como las históricas decisiones en el caso Saweto —donde se hizo justicia tras 14 años de espera—, la sentencia de primera instancia por el asesinato del líder ambiental Quinto Inuma, y el reconocimiento judicial del río Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos.
Finalmente, el pacto enfatiza la necesidad de consolidar el patrimonio natural del país – que actualmente cuenta con 77 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) -, garantizando la no regresión ambiental y exigiendo que el Ejecutivo, el Legislativo y el sistema de administración de justicia asuman metas anuales con absoluta transparencia y rendición de cuentas pública.
La justicia ambiental no es un ideal abstracto ni un saludo a la bandera; es la garantía urgente de que una familia en la Amazonía pueda beber agua limpia, respirar aire puro y vivir sin miedo a perderlo todo en defensa de su propio hogar.
