La historia de cómo un humedal amazónico estuvo al borde de ser cercado por el cemento y cómo la vigilancia ciudadana logró frenar la maquinaria administrativa acaba de escribir su capítulo más decisivo en Tarapoto.
La Justicia ordena a la Municipalidad Provincial de San Martín no repetir actos inconstitucionales tras intentar urbanizar el entorno de un humedal frágil. Urge que se aplique la ley en todas las instancias y sirva este hecho como precedente jurídico, ético y moral frente a la depredación ambiental en el Perú.
Mediante la Sentencia contenida en la Resolución Número Once, emitida el 11 de noviembre de 2026, la jueza Miriam Rosmery Ortiz Cruzado, del 1º Juzgado Civil – S.Maynas. Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, declaró FUNDADA la demanda constitucional de Acción de Amparo interpuesta en defensa de la Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas (ZOCRE) – Laguna de Ricuricocha.
El origen de la amenaza: cemento al borde del humedal
Todo se remonta al 07 de julio de 2025, cuando el Concejo Provincial de San Martín, bajo la gestión de la alcaldesa Lluni Perea Pinedo, aprobó en sesión ordinaria la Ordenanza Municipal N° 022-2025-MPSM (publicada el 19 de julio de 2025). Dicha norma daba luz verde a un Plan Específico solicitado por Jorge Luis Loza Diaz, gerente general de la empresa Franquicia Ciudapolis S.A.C., sobre un terreno de 39.0281 Has. (390,281.00 m²). El objetivo era levantar el proyecto inmobiliario Prana Lagoons (que en su memoria descriptiva abarcaba 44.2826 hectáreas) colindante directamente con la Laguna de Ricuricocha, un predio estatal de 96.2387 hectáreas inscrito a favor del Estado peruano que alberga flora endémica y 185 especies de aves y fauna silvestre —incluidas especies en peligro de extinción y aves migratorias provenientes de Canadá y Estados Unidos—.
Para viabilizar la construcción de casi 400 viviendas – con una concentración poblacional estimada entre los 250 y 1,850 habitantes por hectárea -, la comuna modificó arbitrariamente la zonificación. Áreas protegidas e intangibles bajo el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) vigente – como la Zona de Reglamentación Especial 7 (ZRE-7) y la Zona Agrícola (ZA) – fueron convertidas en Zona Urbana de Densidad Baja (ZDB), Zona Residencial de Densidad Baja (RDB) y Zonas de Habilitación Recreacional (ZHR). Apenas cinco días después de publicada la ordenanza, el 24 de julio de 2025 (según el Expediente N° 13625), la empresa promotora solicitó el Certificado de Zonificación y Vías.
Riesgo de colapso ecológico y vicios de origen
Frente a lo que calificaron como una amenaza cierta e inminente, la Asociación Ecoguerreros del Perú y del Mundo, presidida por su presidente José Iván Rojas García, interpuso una demanda de amparo el 07 de agosto de 2025, a la que posteriormente se sumó como litisconsorte activo el Gobierno Regional de San Martín.
Los argumentos técnicos y legales expuestos revelaron la gravedad de la intervención:
Colapso del ecosistema acuático: La habilitación urbana al borde del humedal exponía a la laguna y a los acuíferos a la contaminación por desechos domésticos y a procesos científicos letales como la eutrofización (sobrealimentación de nitrógeno y fósforo que genera proliferación de algas), la anoxia (consumo total del oxígeno disuelto que provoca la muerte de peces, moluscos y crustáceos) y la toxicidad por floración algal perjudicial para la salud humana y la vida acuática.
Violación del marco legal y falta de transparencia: La ordenanza contravino la Ley N° 31313 (Ley de Desarrollo Urbano Sostenible), su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2022-VIVIENDA y la Ley N° 32099 (Ley para la Protección, Conservación y Uso Sostenible de los Humedales). Peor aún, se aprobó sin realizar la audiencia pública obligatoria, sin publicar o consolidar observaciones ciudadanas, sin remitir el expediente al Gobierno Regional, sin incorporar opinión técnica ambiental y consignando información inexacta sobre supuestas dispensas de lectura de actas que nunca se votaron.
El retroceso municipal y la contundencia judicial
Acorralada por informes técnicos y legales adversos emitidos por el Ministerio de Vivienda, la Contraloría General de la República (a través del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 13329-2025-CG/AGR-AOP), la Autoridad Regional Ambiental (ARA), el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros del Perú y sus propias oficinas internas, la Municipalidad Provincial de San Martín terminó reconociendo los graves vicios procedimentales. Así, el 01 y 02 de diciembre de 2025, mediante el Acuerdo de Concejo Municipal N° 107-2025-MPSM y la Ordenanza Municipal N° 027-2025-MPSM, la entidad derogó íntegramente la norma cuestionada, declaró nulos de pleno derecho todos los actos derivados y prohibió tramitar licencias incompatibles en zonas no urbanizables (ZRE-4, ZRE-7, ZRE-8 y ZA).
Aunque la comuna intentó que el caso se archivara alegando la sustracción de la materia por la derogatoria, la jueza Miriam Rosmery Ortiz Cruzado aplicó el segundo párrafo del artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional. En su fallo, advirtió que los bienes ecológicamente sensibles no pueden quedar expuestos al riesgo latente de futuras decisiones administrativas arbitrarias, más aún cuando en el acuerdo derogatorio la propia alcaldesa dejó constancia de objeciones internas.
En consecuencia, la sentencia declara fundada la demanda y ordena al Concejo Provincial y a la Municipalidad Provincial de San Martín un mandato imperativo de no repetición: abstenerse en lo sucesivo de tramitar, evaluar o aprobar propuestas de Planes Específicos, cambios de zonificación o licencias de edificación que contravengan la condición de suelo no urbanizable de la ZOCRE Laguna de Ricuricocha. De incumplirse este mandato, los responsables afrontarán medidas coercitivas del artículo 27 del Código Procesal Constitucional (multas progresivas y/o destitución), sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa y el pago de los costos del proceso.
Que este fallo en Tarapoto no sea una excepción aislada, sino el punto de inflexión donde se aplique la ley en todas las instancias y sirva este hecho como precedente jurídico, ético y moral inquebrantable; demostrando que ningún poder político ni mercantil está por encima de la Constitución Ecológica ni del derecho sagrado de las futuras generaciones a heredar un ambiente sano y vivo.
