En la gestión de César Villanueva, del 2009 al 2014, se pagaron 56 millones por sentencias judiciales y laudos arbitrales a trabajadores del sectro público, menos al magisterio.

Se devolvieron 10 millones al año en promedio al Tesoro Público.

En 6 años hubo 120 millones para realizar pagos, de los cuales 60 millones se devolvieron al erario y los otros 60 se pagaron sentecias judiciales.

De esos 120 millones, se hubiera pagado la cuarta parte de la deuda de los derechos laborales a los profesores.

La pregunta cae de madura ¿por qué el SUTESAM nunca hizo una huelga contra la gestión Villanueva reclamando estos pagos?. (Julio Quevedo Bardález)