Marco Sangama Cachay, presidente del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía Peruana (CEPKA), denunció que la Dirección de Medio Ambiente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), contrató 100 guardaparques para el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) sin previa coordinación con las comunidades nativas sobre su presencia y actividades.
Asimismo, desmintió categóricamente cualquier intento de amenaza a personal del PEHCBM, por parte de la población indígena.
En este contexto, las organizaciones indígenas de San Martín agrupadas en la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín, (CODEPISAM), exigen la rectificación de las declaraciones tendenciosas del Director de Medio Ambiente del PEHCBM, Ricardo Larenas, donde indica que el apu de la comunidad nativa de Ankash Yaku de Achinamisa, Elias Sinti Panduro, ha amenazado de muerte a los guardaparques en esta zona.
El presidente de CEPKA, instan a los funcionarios del PEHCBM a coordinar la planificación y ejecución de las actividades dentro del ACRCE con la finalidad de lograr una gestión articulada de los bosques, respetando los derechos de los pueblos indígenas de la región.
Asimismo, señaló que si bien el Proyecto Huallaga ha considerado 40 plazas para la contratación de guardaparques indígenas, esta se ha realizado sin la participación de las comunidades nativas y sus organizaciones representativas en el proceso de selección, y que tampoco se han respetado sus instituciones tradicionales de toma de decisiones y vigilancia comunal.
“Le recordamos a los funcionarios del Proyecto Huallaga que, de acuerdo a lo que establece el Artículo 18 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como pueblos indígenas tenemos derecho de controlar las intrusiones no autorizadas en nuestros territorios tradicionales”, advirtió el dirigente indígena.
“Este convenio es de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano”, agregó.
Cabe recordar que el ACR-CE, creada en el 2005, es territorio tradicional de los pueblos indígenas de la región. Las comunidades que viven en las provincias de San Martín y Lamas han utilizado y cuidado estos bosques desde antes de la conformación del Estado peruano, impidiendo en muchos casos el avance de los traficantes de tierras, de los madereros ilegales y del narcotráfico.
Además, el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (D.S. N° 038-2001-AG) establece que los gobiernos regionales deben ejercer la administración de las áreas de conservación regional en coordinación con las comunidades nativas que habiten el área.