La Contraloría General de la República recibió 125 alertas ciudadanas a nivel nacional a través del programa de prevención POSTULA CON LA TUYA, en las cuales se advierten que autoridades, funcionarios y servidores públicos estarían haciendo uso indebido de recursos públicos a favor de candidatos que postulan a las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
En un primer filtro, los auditores evalúan las fotos, videos y documentación reportados por los ciudadanos a través de la plataforma web www.postulaconlatuya.pe, los cuales evidenciarían supuestos actos irregulares en periodo electoral por parte de autoridades, funcionarios y servidores públicos.
De las 125 alertas ciudadanas reportadas del 7 al 27 de agosto, 87 fueron derivadas por las Gerencias Regionales de Control (54), así como a la Subgerencia de Control de Lima y Callao (33), mientras que nueve fueron derivadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a otras entidades competentes, para que resuelvan los casos expuestos de acuerdo a sus funciones.
A nivel departamental, las 54 alertas fueron derivadas a las Gerencias Regionales de La Libertad, Lima Provincias, Arequipa, San Martín, Tumbes, Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, Pasco, Piura, Tacna, Áncash, Cusco, Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque, Moquegua, Puno y Ucayali. Mientras que 33 son evaluadas por la Subgerencia de Control de Lima y Callao, así como los Órganos de Control de las jurisdicciones distritales correspondientes.
Las jurisdicciones distritales de Lima Metropolitana que registran la mayor cantidad de alertas son San Miguel (17%), Comas (13%), Chorrillos y San Martín de Porres (ambos con 10%), así como Ate, Cercado de Lima, Cieneguilla, Pucusana y Rímac (con 7%).
Las otras 29 alertas reportadas, fueron archivadas por error en el registro o porque no ofrece suficiente información para verificarla o porque no están enmarcadas en el programa Postula con la Tuya.
Una vez recibida la alerta, la Contraloría las deriva a las Gerencias de Control que se encuentran en todo el país, y realiza una evaluación respecto a su relacionamiento con una infracción en materia electoral, así como en la calidad de la evidencia. Luego recopila información que la sustente para dar inicio a una acción de control por parte de los Órganos de Control de la entidad intervenida.
