Necesitamos una población vigilante frente al uso del dinero público en las municipalidades provinciales de San Martín.
Por: Beto Cabrera Marina
En pleno año electoral, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 de las municipalidades provinciales de San Martín revela no solo el volumen de recursos que se manejarán, sino también la urgencia de una mirada crítica y permanente de la ciudadanía y de los órganos de control. El análisis de las fuentes de financiamiento – recursos ordinarios, FONCOMUN, canon e impuestos municipales – deja en evidencia marcadas asimetrías y focos que merecen especial atención para evitar que el gasto público se convierta en herramienta proselitista o en botín de mala gestión.
En gasto por recursos ordinarios, las cifras colocan a Tocache en el primer lugar, con S/ 15.4 millones, seguida por Rioja con S/ 12.6 millones y Moyobamba con S/ 7.7 millones. Este tridente del norte y del sur de San Martín, concentra la mayor capacidad de gasto directo del Estado en la región, una realidad que obliga a monitorear con mayor rigor la priorización de proyectos, la calidad de la inversión y los plazos de ejecución, especialmente cuando las decisiones presupuestales pueden incidir en el clima político local.
El FONCOMUN, principal fuente de financiamiento para muchas municipalidades, presenta un comportamiento distinto, pero son las mismas provincias. Moyobamba lidera con S/ 8.75 millones, seguida de Rioja (S/ 7.5 millones) y Tocache (S/ 5.6 millones).
Este comparativo evidencia que, más allá del tamaño poblacional, la distribución de transferencias nacionales mantiene pesos históricos que deben traducirse en servicios y obras concretas para la población. En este punto, la pregunta es inevitable: ¿se está invirtiendo con criterios técnicos o con cálculos políticos de corto plazo?
Donde el contraste es más evidente es en el canon. Rioja destaca con el monto más elevado (S/ 554 mil), muy por encima del resto de provincias. La explicación está en los pagos vinculados al material agregado y a la explotación de piedra caliza por parte de Cementos Selva, una actividad extractiva que genera recursos adicionales, pero que también exige transparencia, trazabilidad del gasto y evaluación del impacto ambiental y social. Provincias como Huallaga y Moyobamba aparecen muy por detrás, confirmando que el canon no es una fuente homogénea en la región.
Este escenario presupuestal, que en conjunto supera los S/ 90 millones, cobra especial sensibilidad en un contexto electoral. La historia reciente demuestra que el riesgo no está solo en cuánto se gasta, sino en cómo, dónde y para qué se gasta.
Por ello, se vuelve imprescindible una sociedad civil activa y vigilante, que fiscalice obras, revise expedientes técnicos y exija rendición de cuentas.
Asimismo, es clave una posición firme y preventiva de los Órganos de Control Institucional (OCI) y de la Contraloría General de la República a nivel regional. No basta con controles concurrentes cuando los hechos ya están consumados; se requiere control oportuno, alertas tempranas y sanciones efectivas que desincentiven el uso político o indebido de los recursos públicos.
En San Martín, el presupuesto 2026 no es solo una cifra en el papel: es una prueba de madurez democrática. En un año donde abundarán promesas, la verdadera campaña debe ser por la transparencia, la eficiencia y el interés público. La vigilancia ciudadana ya no es opcional; es una necesidad. Fuente de consulta: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF
