Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre el tema tras planteamiento del presidente Vizcarra
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, recordó que la posibilidad de imponer la pena de muerte para los delitos de violación de mujeres y menores de edad obligaría al Estado peruano a retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos, eliminando con ello uno de los principales mecanismos de protección de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.
Remarcó que un retiro de esta Convención nos dejaría fuera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos debido a que no es posible denunciar solo un artículo de la misma.
En ese sentido, advirtió que con ello se dejaría en una posición de “grave vulnerabilidad” otros derechos como la vida, la libertad personal, la integridad, la libertad de expresión, entre otros.
En nuestro país, la Constitución Política de 1979 restringió la pena de muerte al delito de traición a la patria; en consecuencia, hoy en día el Estado peruano no podría imponer la pena de muerte a otros delitos.
El defensor del Pueblo indicó que el debate sobre la imposición de la pena de muerte para los casos de violación sexual de mujeres y menores de edad es inconducente y distrae de las acciones que debe realizar el Estado para combatir la violencia.