• El Abogado Jhon Tafur Puerta señaló que los concejales podrían afrontar procesos administrativos, civiles y penales si se confirman las irregularidades advertidas por la Contraloría. Por su parte, la regidora Verónica García aseguró que actuó de buena fe y que presentará sus descargos.

El incremento de las dietas de los regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín continúa generando cuestionamientos, luego de que la Contraloría identificara presuntas irregularidades en el procedimiento de aprobación, las cuales habrían ocasionado un perjuicio económico a la entidad municipal. Al respecto, Jhon Tafur Puerta advirtió que los concejales involucrados podrían afrontar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales si se comprueban las infracciones.

El especialista explicó que el procedimiento habría vulnerado el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, así como disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades y las leyes anuales de presupuesto público, que establecen restricciones para los incrementos de remuneraciones y dietas. Precisó que este tipo de decisiones debe estar respaldado por informes técnicos y legales que sustenten su viabilidad.

Asimismo, indicó que cualquier incremento debe aprobarse respetando los procedimientos establecidos y contar con el correspondiente acuerdo de concejo. En ese sentido, sostuvo que la ausencia de estos requisitos podría generar responsabilidades para quienes participaron en la aprobación de los incrementos cuestionados.

Tafur Puerta también señaló que la Procuraduría Pública de la Contraloría deberá evaluar el informe de control para determinar las acciones legales que correspondan. Entre los posibles delitos que podrían investigarse serían peculado doloso, cobro indebido y negociación incompatible, dependiendo de los elementos que se encuentren durante las investigaciones.

En el ámbito civil, explicó que los regidores podrían ser obligados judicialmente a devolver los montos que hubieran cobrado indebidamente. Sin embargo, también existe la posibilidad de que busquen una conciliación con la Procuraduría, siempre que esta se encuentre autorizada para acordar la devolución de los recursos observados.

Por su parte, la regidora de la Municipalidad Provincial de San Martín, Verónica García, se pronunció sobre las observaciones de la Contraloría y aseguró que actuó de buena fe. Explicó que no participó en las sesiones ni en los acuerdos que aprobaron inicialmente el incremento de las dietas en 2023, ni en su ratificación realizada en abril de 2025, debido a que se incorporó al concejo municipal recién en diciembre de ese mismo año.

Veronica García manifestó que confió en que el procedimiento contaba con el respaldo de la asesoría legal de la municipalidad y que presentará sus descargos ante la Contraloría para aclarar su participación en este caso. Mientras tanto, el informe de control deberá ser evaluado por las instancias correspondientes para determinar las responsabilidades que pudieran existir. Por: Hugo Anteparra