El silencio de algunos actores da a entender intereses oscuros
El portal OjoPúblico da cuenta que accedió a una propuesta que busca cambiar 12 artículos de la actual Ley Forestal para incentivar la extracción maderera y actividades agroindustriales en la Amazonía. El medio identificó la visita de un grupo de exautoridades y representantes del sector en oficinas de carteras que tendrán un rol activo en la nueva iniciativa presentada.
La propuesta también plantea retirar al Ministerio del Ambiente de la aprobación de zonificaciones forestales y otorgar esta competencia al Ministerio de Desarrollo Agrario, basado en expedientes elaborados por los gobiernos regionales. El documento se presentó en la Mesa Forestal, un espacio donde se plantean cambios para mejorar la productividad del sector, encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas y gremios empresariales.
Luego de que se archive en el Congreso una propuesta que cambiaba la ley forestal, ahora desde el Ejecutivo se ha impulsado una serie de cambios a esta norma.
En los últimos meses, a través de visitas y reuniones con congresistas de diferentes bancadas, distintos gremios han intentado debilitar la Ley Forestal con una propuesta archivada con una votación cerrada en marzo pasado, pero que estuvo a punto de ser aprobada en el Legislativo. Ahora, desde el Poder Ejecutivo, también se ha empezado a discutir un proyecto que pretende modificar 12 artículos de la mencionada norma, para brindar facilidades a la extracción maderera y otras actividades agroindustriales que operan en la Amazonía.
La propuesta plantea, entre otros puntos, que personas posesionarias de tierras puedan formalizar territorios de hasta 100 hectáreas para un posterior uso agroforestal con un “plazo indeterminado”. Además, en el documento se propone que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tenga la responsabilidad de aprobar zonificaciones ambientales, tarea hoy a cargo del Ministerio del Ambiente (Minam).
Fuentes consultadas del sector indicaron que el proyecto —al que accedió OjoPúblico- se presentó en una sesión de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal, un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde el Gobierno coordina con el sector privado sobre distintas medidas para beneficio de este rubro económico.
En este espacio se ha recogido la postura de los gremios sobre la implementación de medidas para garantizar el origen legal de la madera. Luego de estas reuniones, el Servicio Nacional Forestal (Serfor) ha retrasado la obligatoriedad en el uso del libro de operaciones de los aserraderos, que registra los ingresos y salidas de madera.
Entre sus 20 integrantes, la Mesa Forestal tiene representantes de ministerios, gobiernos regionales, la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), así como la Confederación Nacional Forestal del Perú (Conafor) y la Cámara Nacional Forestal.
La medida que busca modificar una vez más la ley forestal.
Pese a la relevancia pública de los temas discutidos, los detalles de la agenda no son públicos debido a que el espacio según el MEF en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por este medio- no requiere suscribir actas dada su “operatividad” en las actividades que realiza. Las mismas, agregaron, son una “herramienta de gestión” entre el Estado y el sector privado.
Encuentro clave
El portal de investigación, identificó a cuatro personajes -vinculados al rubro palma aceitera y de manejo ambiental- que registraron “reuniones de trabajo” en las carteras que, según el documento revisado, tienen un rol activo en la nueva propuesta presentada en la Mesa Forestal.
Una de las primeras visitas registradas fue la de Juan Manuel Benites Ramos, ex ministro de Agricultura y presidente del Instituto Crecer, que tiene entre sus asociados al Grupo Palmas -parte del Grupo Romero- con operaciones en Loreto, San Martín y Ucayali.
El 8 y el 26 de mayo pasados, Benites Ramos se reunió con la saliente titular del Midagri, Nelly Paredes Del Castillo. En ambos encuentros estuvo poco más de una hora y no participaron más personas. Además, en diversas publicaciones periodísticas, el extitular del Midagri ha destacado la importancia económica para el país de la palma aceitera.
A inicios de abril, Benites Ramos visitó el despacho de la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien solicitaba reconsiderar la votación de la propuesta archivada que cambiaba la Ley Forestal.
Su experiencia la ha convertido en una recurrente visitante de la Mesa Forestal en el MEF, donde ha participado como persona natural, así como en representación de la organización GCF Task Force y la Coalición para una Producción Sostenible. Esta última tiene, entre sus miembros, a empresas del sector palma aceitera y cacao.
Desde la Mesa Forestal, grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Economía, el gobierno y sector privado impulsan medidas para modificar el sector.
Una segunda persona activa en las distintas oficinas públicas es Fabiola Muñoz Dodero, exministra de Agricultura, del Ambiente y exdirectora ejecutiva del Serfor.
De acuerdo al registro de visitas revisado, Muñoz Dodero ha tenido —entre junio y julio último— tres reuniones con Ivonne Rocío Echevarría Hurtado, cabeza del equipo especializado de mesas ejecutivas. La exautoridad también registra encuentros de trabajo en otros dos sectores: Midagri y Serfor.
El informe indica que Fabiola Muñoz, que, entre junio y julio, visitó en tres oportunidades a Christian Alfredo Barrantes Bravo, viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Midagri; así como a Juan Carlos Castro Vargas, director general de Asuntos Ambientales Agrarios de esta cartera. Mientras que, en julio, tuvo dos reuniones con Luis Alberto Gonzales Zúñiga Guzmán, director ejecutivo del Serfor.
En el listado de visitantes a distintas carteras del sector económico y forestal también aparece Gustavo Suárez de Freitas Calmet, coordinador en Perú de Earth Innovation Institute y extitular del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente.
El especialista ha participado en sesiones de la Mesa Forestal entre junio y julio. Además, registra dos encuentros con el titular del Serfor, Luis Alberto Gonzales Zúñiga, en abril y el 17 de julio. El último de ellos tuvo una duración de más de cuatro horas y también contó con la participación de Fabiola Muñoz Dodero.
El pasado 7 de julio, Suárez de Freitas Calmet visitó —junto a Fabiola Muñoz Dodero— al viceministro Christian Alfredo Barrantes Bravo. Luego, el 22 de junio, también acompañó a Muñoz Dodero a una reunión en la oficina de Juan Carlos Castro Vargas, director general de Asuntos Ambientales Agrarios del Midagri. La misma tuvo una duración de más de dos horas.
Un cuarto participante es Alfonso Manuel Morante Chávez, gerente de finanzas de Ocho Sur. El directivo participó en las sesiones del 14 de junio y del 25 de julio pasado de este espacio, realizadas en el MEF.
En ninguno de estos encuentros Morante Chávez se registró como trabajador de la empresa de palma aceitera, sino que lo hizo como persona natural o representante de la Cámara de Comercio de Ucayali.
Al ser consultada por la participación de su directivo en los espacios del MEF, Ocho Sur aseguró, que la presencia de Alfonso Manuel Morante Chávez, aseguraron, ocurrió como parte de la Cámara de Comercio de Ucayali.
En otra reunión de junio pasado con el ministro de Economía, Alex Contreras Miranda, en la que también participaron otros empresarios de la Amazonía, Morante Chávez se registró como miembro del Grupo Pro Amazonía.
La Contraloría advirtió que, en 2019, funcionarios del gobierno regional de Ucayali aprobaron de forma irregular el cambio de uso de suelo de 11.000 hectáreas, a favor de la empresa Ocho Sur.
Según el informe, ocurrió en suelos donde estaba prohibido su modificación para fines agrícolas y en un área de 105 hectáreas superpuestas al bosque de producción permanente Biabo Cordillera Azul, catalogado como patrimonio forestal de la nación.
En un comunicado público, la empresa rechazó el informe. Asimismo, indicó a OjoPúblico que, a través de una carta, pidió al Contralor General de la República que realice una rectificación del informe por considerarlo “ilegal, poco profesional y estar plagado de frases difamatorias”.
La compañía informó que denunció por abuso de autoridad y falsedad genérica a los funcionarios responsables del documento y que la Fiscalía ha iniciado investigaciones contra los involucrados, quienes no han acudido al Ministerio Público para brindar sus descargos. Al cierre de esta publicación y luego de ser consultada sobre las afirmaciones de la empresa, la Contraloría no respondió.
La nota señala que ojo público contactó al Serfor, Midagri y MEF para tener detalles respecto a las agendas sostenidas con las personas mencionadas. Pero, al cierre de este informe, no hubo respuestas de su parte.
Impactos negativos: “debilitamiento” en la lucha contra la deforestación
De ser aprobada, la propuesta de modificar 12 artículos de la actual Ley Forestal, planteada en la Mesa Forestal, sería un “retroceso” y “debilitamiento” en la lucha contra la pérdida de bosques amazónicos, según especialistas consultados.
“Con esta propuesta se ve una formalización y salida para que algunas empresas investigadas manejen herramientas para tener una imagen de no afectación ambiental. Hay una orientación para que no tengan responsabilidad administrativa y penal”, señaló Rolando Navarro Gómez, exjefe del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
El especialista también recordó que, como autoridad forestal, el Serfor debería garantizar el manejo responsable del patrimonio y elaborar un informe técnico donde se sustente una “opinión no favorable” frente a la propuesta que se encuentra en debate.
Otro de los cambios que plantea el documento es quitar las competencias que tiene el Minam para aprobar zonificaciones forestales en el país, un proceso participativo que inició en 2020, en la región San Martín, y que tiene como objetivo delimitar las tierras forestales para establecer las alternativas de los recursos en el lugar.
“Cuando te dicen vamos a cambiar [las funciones] de un sitio a otro, la pregunta que se debe hacer es a quién beneficia y a quién perjudica. Si vas a pasar una zonificación de ámbitos territoriales, que tiene múltiples usos, a un sólo sector, ¿cuál es el sentido de eso?”, pregunta la extitular de la cartera de Ambiente.
Ruiz Ostooic sostuvo que lo que se debe mirar es “por qué y para qué” se está realizando este cambio, porque muchas veces en el Estado ocurre una “tensión de poderes que no le hace bien al país”.
Si bien estas modificaciones se encuentran por ahora en debate, no hay claridad sobre el sustento de los cambios, debido a que el acceso a las reuniones de la Mesa Forestal no es público y el silencio de sus participantes no permite entender los intereses detrás de la iniciativa que deberá analizar el Poder Ejecutivo para su posterior debate en el Congreso. Fuente: ojo público -Aramís Castro-