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martes, febrero 11, 2025
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Al menos, 21 parientes de 20 legisladores o sus empresas fueron sancionados por OSCE al contratar con el Estado

Entre los implicados, Víctor Antonio Alegría García, hermano del parlamentario Luis Arturo Alegría García

Un entramado de influencias políticas y negocios ilícitos con el Estado ha quedado al descubierto. Al menos 21 familiares de 20 legisladores, o empresas en las que tienen participación, fueron sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado entre febrero de 2023 y noviembre de 2024 por contratar de manera indebida con entidades públicas, pese a estar prohibidos por ley.

Este escándalo involucra a parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo hermanos, padres, hijos y cónyuges de congresistas. La legislación vigente prohíbe que estas personas provean al Estado en calidad de participantes, postores, contratistas o subcontratistas, e incluso mantiene la restricción hasta 12 meses después de que el legislador haya dejado el cargo, según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado.

Los vínculos políticos y las bancadas más comprometidas.

Las bancadas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial de Concertación Nacional y Podemos Perú son las más implicadas en estos contratos irregulares. La revisión de resoluciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) evidencia que las sanciones han recaído sobre familiares directos de congresistas de estas agrupaciones políticas.

Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Víctor Antonio Alegría García, hermano del parlamentario Luis Arturo Alegría García. Asimismo, se identificó a Corporación Jesucristo Cautivo S.R.L., empresa cuyos accionistas son los padres de la congresista Tania Ramírez García. Otro caso relevante es el de Confecciones Herrera S.R.L., donde Glicerio Ulises Herrera Torres, cuñado de la legisladora Mery Eliana Infantes Castañeda, figura como accionista.

El congresista César Manuel Revilla Villanueva también se encuentra en el ojo de la tormenta, pues sus hermanos, Julio César y José David Revilla Villanueva, fueron sancionados por contratar ilegalmente con el Estado.

Uso de influencias y vacíos en la supervisión.

La normativa establece que las personas que realicen contrataciones menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) deben firmar declaraciones juradas donde confirmen no tener familiares en la entidad contratante. Sin embargo, la reiterada presencia de sanciones demuestra la existencia de estrategias para evadir la ley y beneficiarse del aparato estatal.

Para Karla Gaviño Masías, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, estas prácticas no solo configuran impedimentos legales, sino que pueden derivar en casos de nepotismo y corrupción. La falta de fiscalización efectiva y las redes de influencia dentro del aparato estatal facilitan estas contrataciones ilícitas.

La Ley y su incumplimiento sistemático. La Ley de Contrataciones del Estado es clara: el impedimento también aplica a personas jurídicas donde familiares de congresistas tengan una participación superior al 30% del capital o patrimonio social en los 12 meses previos a una convocatoria pública. Pese a ello, los vínculos políticos continúan operando como un canal para el enriquecimiento ilícito a costa de los recursos públicos.

Este nuevo escándalo expone cómo las redes de poder en el Congreso siguen facilitando negocios indebidos con el Estado, en un claro conflicto de intereses que debilita la institucionalidad y la confianza ciudadana en el sistema democrático.

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