Una inversión de S/ 6.1 millones para 90 533 habitantes que debía simbolizar modernidad hoy enfrenta cuestionamientos técnicos tras una rápida recepción y liquidación, dejando en evidencia las fallas de un sistema donde las advertencias llegaron tarde o fueron ignoradas.

La alameda La Peruanidad fue concebida como un espacio emblemático para transformar el rostro urbano de Tarapoto, proyectada con un horizonte de diez años y equipada con plataformas recreativas, áreas verdes, juegos infantiles, zonas cívicas e iluminación. Sin embargo, su historia reciente se lee entre documentos observados y estructuras que comienzan a fallar demasiado pronto. Su segunda etapa fue recepcionada el 27 de abril de 2026 y liquidada el 5 de agosto de 2026. Pese a ello, apenas dos semanas después, durante una inspección ejecutada los días 17 y 18 de agosto de 2026, la Contraloría General de la República, a través del Informe de Control Concurrente n.° 12063-2026-CG/GRSM-SCC, sacó a la luz una serie de deficiencias alarmantes.

El recorrido del órgano de control por la infraestructura dejó una lista extensa de problemas: tarrajeo inconcluso en muros de contención, fisuras en las gradas, deterioro en los acabados de bancas, sardineles, rampas y veredas, además de cables expuestos en el sistema de riego, desgaste de pintura, falta de poda y desprendimiento de material en el pavimento. A esto se suman roturas en las cunetas del drenaje pluvial y daños en el pavimento asfáltico correspondientes a la primera etapa. Ante este panorama, el dilema central no recae únicamente en la reparación de un sardinel o una vereda, sino en determinar cómo una obra recién liquidada pudo exhibir tales deterioros sin que los filtros previos intervinieran a tiempo.

En esta trama de responsabilidades compartidas, el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental San Martín, sede Tarapoto (CIP Tarapoto) ya había formulado advertencias técnicas de relevancia antes de que la obra fuera entregada oficialmente. La incógnita radica en conocer si esas alertas fueron ignoradas, archivadas o respondidas sin el rigor necesario por parte de los actores involucrados: la empresa contratista, la supervisión y la Municipalidad Provincial de San Martín.

La Contraloría advierte que, de no tomarse medidas correctivas inmediatas, la calidad y funcionalidad de los activos se degradarán progresivamente, obligando al Estado a destinar nuevos recursos económicos para subsanar deficiencias que debieron evitarse durante la ejecución.

Más allá de los informes técnicos y las paradojas del control concurrente – que advierte, pero no siempre ejecuta sanciones directas -, el verdadero desafío institucional consiste en romper la cadena de la indiferencia burocrática. En escaso tiempo que le queda a la gestión de la señora Lluni Perea Pinedo, la municipalidad tiene ahora la responsabilidad de informar con transparencia qué ocurrió con las observaciones previas, qué garantías se harán efectivas y bajo qué cronograma se corregirán las fallas detectadas. Cuando una infraestructura pública de esta magnitud se convierte en blanco de cuestionamientos, lo que verdaderamente se fisura no es solo el concreto, sino la confianza ciudadana en la correcta utilización del dinero público.

Una ciudad no avanza únicamente acumulando cintas cortadas e inauguraciones apresuradas, sino exigiendo que cada sol invertido se traduzca en obras duraderas que resistan el paso del tiempo y el escrutinio social.

ADEMAS: El valor real de una alerta institucional no se mide por la cantidad de páginas impresas en un informe, sino por la firmeza de la corrección que es capaz de generar antes de que los ciudadanos vuelvan a pagar la factura del descuido.