JNE reporta 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques en 21 regiones. A menos de una semana de las elecciones, la seguridad física y el comportamiento en redes sociales se convierten en dos frentes de una misma preocupación: proteger la democracia de la intimidación y del lenguaje que puede escalar la confrontación.

La democracia también necesita seguridad. A menos de una semana de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el proceso electoral entra en su tramo decisivo con una señal de alerta que no puede pasar inadvertida. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos y otros actores políticos, registrados hasta el 25 de septiembre en 21 regiones del país. No se trata solamente de una cifra estadística: detrás de cada caso hay personas que participan de una contienda electoral y que deberían poder hacerlo sin miedo, intimidaciones ni presiones.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que la institución remitió oficios a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior para solicitar medidas preventivas y de seguridad. La preocupación alcanza también al personal encargado de organizar las elecciones. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que dos de sus trabajadores en Atalaya, Ucayali, recibieron amenazas de muerte, hechos que fueron denunciados y comunicados a las autoridades. La situación obligó, incluso, a modificar la modalidad de entrega de credenciales a los miembros de mesa.

El mapa de riesgos muestra que el problema tiene presencia en distintas zonas del país. Lima concentra 21 casos, seguida de La Libertad con 16. Áncash y Junín registran 7 casos cada una; Cajamarca, 5; y Piura, 4. Ica, Callao y Ayacucho presentan 3 casos cada una, mientras que San Martín y Huánuco contabilizan 2. Ucayali, Amazonas, Arequipa, Apurímac, Lambayeque, Moquegua, Puno, Tumbes y Huancavelica reportan un caso cada una. El registro del JNE comprende amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos y otros actores políticos durante la actual campaña.

La alerta llega también a la logística electoral. El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, informó que los riesgos registrados durante la entrega de credenciales llevaron a suspender la modalidad casa por casa y trasladar estas jornadas a plazas, mercados y parques. Paralelamente, continúa el traslado del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, bajo medidas de seguridad y cadena de custodia. El objetivo es que el 4 de octubre los ciudadanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad y que quienes participan en la organización del proceso puedan cumplir sus funciones sin amenazas.

Ojo con las redes sociales

Pero existe otra forma de violencia que avanza por un territorio menos visible y que tampoco debería ser subestimada: las redes sociales. Allí, una publicación puede convertirse en insulto; un comentario, en hostigamiento; una imagen manipulada, en desinformación; y la exposición de información privada, en una herramienta de presión política. La campaña electoral también se libra en las pantallas y, en ese espacio, cada palabra, imagen y contenido compartido puede contribuir a calmar o a encender los ánimos.

El JNE advierte sobre distintas expresiones de violencia digital. Entre ellas el contenido discriminatorio, mediante mensajes o imágenes destinados a menoscabar la imagen pública o limitar los derechos políticos de una persona. También está el contenido sexual con la difusión de imágenes, videos o audios de carácter sexual o sexista; la exposición de la vida privada, cuando información personal es difundida públicamente con fines políticos; y el material digital modificado, que emplea contenidos alterados o generados digitalmente para atacar, hostigar o perjudicar a una persona.

En una campaña electoral, la frontera entre la crítica y la agresión no debería ser difícil de reconocer. Cuestionar una propuesta es parte de la democracia; difamar, amenazar, acosar o exponer la vida privada de alguien no fortalece el debate público. La confrontación política puede ser intensa y firme sin convertirse en una guerra de insultos, descalificaciones o ataques personales.

Por eso, la responsabilidad no corresponde únicamente a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. También alcanza a candidatos, dirigentes, militantes, activistas y ciudadanos que participan en el debate público. Entender que una elección debe enfrentar propuestas y proyectos, no destruir personas.

Las fuerzas del orden están advertidas. El sistema electoral también. Pero las redes sociales nos ponen a todos frente a un espejo. Cada contenido que compartimos puede alimentar la tensión o ayudar a reducirla. Cada palabra puede convertirse en un puente o en una chispa.

El 4 de octubre se elegirán autoridades, pero también estará en juego la manera en que una sociedad democrática procesa sus diferencias. La violencia no puede convertirse en el lenguaje de la política ni la pantalla en un territorio sin reglas.

Que la firmeza no se confunda con agresión, que la crítica no se convierta en odio y que ninguna diferencia política termine deshumanizando al adversario. La elección puede definir quién gobierna; el respeto debe definir cómo seguimos viviendo juntos.