La Amazonía peruana enfrenta una crisis silenciosa pero alarmante. Según datos oficiales del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Ministerio del Ambiente (MINAM), el país ha perdido más de 2 millones de hectáreas de bosques húmedos amazónicos entre 2001 y 2017, una cifra que refleja la creciente presión sobre los ecosistemas más ricos y frágiles del país.
Tan solo en el año 2017, la pérdida de bosque amazónico alcanzó las 155,914 hectáreas, lo que representa un retroceso grave para los esfuerzos de conservación ambiental y desarrollo sostenible.
Esta pérdida equivale a más de 215 mil campos de fútbol que han sido deforestados en un solo año.
Un gráfico de barras muestra una tendencia preocupante: durante el período analizado, el ritmo de deforestación se ha mantenido alto, con picos significativos en varios años, sin que se observe una disminución sostenida. La situación es especialmente crítica en regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas, según el mapa incluido, donde los focos rojos y amarillos revelan zonas de intensa pérdida de cobertura forestal.
Los principales motores de esta deforestación incluyen la expansión de la agricultura, la tala ilegal, la minería ilegal y el avance de infraestructura sin planificación ambiental. La información recopilada proviene de instituciones clave como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Programa Nacional de Conservación de Bosques del MINAM.
Especialistas advierten que esta pérdida no solo significa la desaparición de árboles, sino también la degradación de hábitats críticos para la biodiversidad, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, y la afectación directa a comunidades indígenas y poblaciones rurales que dependen de los servicios ecosistémicos del bosque.
Llamado urgente
Organizaciones ambientales, investigadores y líderes sociales hacen un llamado al Estado peruano a fortalecer el monitoreo forestal, cerrar brechas legales, mejorar el control territorial y promover alternativas sostenibles que respeten los derechos de las comunidades y la resiliencia de los ecosistemas. Fuente: Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS)