En entrevista con radio Tropical, la abogada Cristina del Aguila Arévalo, especialista en política territoriales y el abogado Otman Barrera, dieron a conocer sus puntos de vista sobre los acuerdos arribados en la reunión realizada entre la Procuraduría Regional del Gobierno Regional de San Martín y pobladores de los sectores El Edén y Ander Becerra del distrito de la Banda de Shilcayo, luego que las personas que invadieron la parte alta de esa zona se retiraran al ver la presencia policial.
Para la abogada Del Aguila Arévalo, la acción del Gobierno Regional de San Martín ha sido muy débil, ya que les da la posibilidad de una reubicación, de acuerdo a lo que indica el acta firmada: “evaluar la posibilidad del estudio técnico de un área que cumpla con los requisitos para tratar el tema de un proceso de formalización”.
“El mensaje que está dando el Gobierno Regional con los acuerdos de esta reunión es, que pueden invadir cualquier faja, o terreno del Estado y luego los van a reubicar”, dijo Cristina del Aguila.
Indicó que las autoridades deben actuar y que sean sancionadas las personas que promueven y que realizan invasión para generar precendete y que esto no siga pasando.
Además, dijo que hay instrumentos de ordenamiento territorial que pueden ayudar para que las determinaciones sean firmes. “Lo que debió existir en este caso es principio de autoridad, pues existe todo un bagaje que te dice cómo actuar y considero que no debió negociarse”, agregó.
El acta
El acta de la reunión realizada el 7 de noviembre del año en curso, indica, sobre todo que el GORESAM convocará a una reunión de trabajo técnico a la Dirección de Titulación de la Agricultura, al área de Patrimonio, al representante de la Gerencia General para
evaluar si existe un área para ver el tema de formalización.
Sin embargo, más adelante, indica que estos acuerdos ni implica la obligación por parte de GORESAM de dotar predio alguno para requerimiento de vivienda, sino de la evaluación mencionada, cuyo resultado lo darán a conocer.
Además, en el punto cinco del acta piden una lista de pobladores que servirá para tenerlos en cuenta cuando haya los resultados de la evaluación de la posibilidad de la formalización en otros terrenos.
Para el abogado penalista Otman Barrera, las autoridades deben actuar con bastante firmeza en este tipo de actos (invasión) y no generar un negativo precedente para que personas inescrupulosas vuelvan a realizar este tipo de hechos.
Los tipos de delitos es por usurpación agravada, por lo que las autoridades debieron actuar dentro de las 72 horas como prevé la norma, desalojarlos y estos hechos no deben quedar impunes.
El abogado considera que el acta es politico, porque lo único que buscaba era darle salida inmediata a la invasión y evitar cualquier enfrentamiento.
Finalmente, Cristina del Aguila indicó que es el Consejo Regional quien debería pedir en sesión que este acta quede sin efecto, porque se está deslizando una posibilidad que no es viable y que podría luego causar un malestar por parte de los pobladores que están a la espera de ese estudio técnico. (Silvia Quevedo)