El aumento de alimentos que superan los límites permitidos de residuos revela una falla que compromete la salud pública y obliga al Estado a reforzar los controles sin dejar solos a los agricultores en la transición hacia una producción más segura.

La comida llega a la mesa después de recorrer un camino que comienza mucho antes de los mercados. Empieza en una parcela, entre lluvias, plagas, enfermedades y decisiones que muchas veces toma un agricultor obligado a proteger su cosecha para no perderla. En ese proceso aparecen los plaguicidas, herramientas que pueden ser necesarias para sostener la producción, pero que también representan un riesgo cuando se utilizan de manera incorrecta, en dosis inadecuadas, sin respetar los períodos de carencia o cuando se trata de sustancias prohibidas. El problema aparece cuando ese riesgo termina trasladándose del campo al plato.

Los datos citados por el Tribunal Constitucional muestran una tendencia que ya no puede ser considerada un hecho aislado. Según los informes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) revisados por el Tribunal, las muestras de alimentos vegetales que no cumplían los límites establecidos para residuos de plaguicidas pasaron de 10,38% en 2017 a 21,75% en 2023 y llegaron a 38,83% en 2024.

La precisión es importante: no significa que el 38,83% de todos los alimentos consumidos en Perú esté contaminado. Se trata de las muestras analizadas dentro de los programas de vigilancia. Pero el resultado revela un problema persistente que obliga a preguntar qué ocurre antes, durante y después de la aplicación de estos productos.

En algunos cultivos la situación fue todavía más grave. En páprika, las muestras no conformes llegaron al 91,97% en 2024: de 137 muestras analizadas, 126 superaron los parámetros establecidos. También se registraron porcentajes elevados en espinaca, apio, fresa y pimiento.

Los análisis identificaron entre los ingredientes activos encontrados por encima de los límites permitidos a clorpirifos, fipronil, triazofos, dimetoato, ometoato y clorfenapir. El problema adquiere una dimensión mayor cuando aparecen sustancias cuyo uso ya estaba prohibido. El Tribunal señala que en diferentes años se detectaron metamidofos, monocrotofos, carbofurano y clordecona en cultivos como uva, tomate, pimiento, cebolla y páprika.

Aquí surge una pregunta inevitable: ¿quién fiscaliza y cómo es posible que sustancias restringidas o prohibidas continúen apareciendo en la producción agrícola?

La autoridad central para el registro, control y fiscalización de los plaguicidas agrícolas es SENASA, organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Los productos que ingresan legalmente al país deben cumplir requisitos regulatorios y contar con las autorizaciones correspondientes. No cualquier plaguicida puede ser importado libremente.

El problema está también en el control posterior. Un producto autorizado puede requerir una reevaluación cuando aparecen nuevas evidencias sobre sus riesgos; y una sustancia prohibida no desaparece automáticamente de los almacenes, establecimientos comerciales o parcelas. El caso del clorpirifos, que continuó apareciendo en muestras después de su prohibición en 2024, evidencia la distancia que puede existir entre una decisión regulatoria y su cumplimiento efectivo.

En esta cadena también interviene el Ministerio de Salud, a través de DIGESA, en aspectos relacionados con la protección sanitaria y los parámetros de residuos en alimentos. SENASA cuenta además con laboratorios especializados para detectar residuos de plaguicidas y otras sustancias potencialmente peligrosas.

El riesgo sanitario no puede minimizarse. Los plaguicidas son sustancias diseñadas para controlar organismos y, por su propia naturaleza, una exposición inadecuada puede afectar a agricultores, trabajadores agrícolas, consumidores y ambiente. No basta con saber que existe un residuo: importa qué sustancia es, en qué concentración aparece, con qué frecuencia ocurre la exposición y si supera los límites establecidos para proteger la salud.

Los Límites Máximos de Residuos (LMR) tampoco significan que consumir residuos de plaguicidas sea deseable. Son parámetros regulatorios que establecen cuánto residuo puede permanecer en un alimento cuando el producto ha sido utilizado conforme a las condiciones autorizadas. Cuando una muestra supera ese límite, deja de cumplir el parámetro sanitario correspondiente.

Pero la solución no puede consistir simplemente en decirle al agricultor que deje de utilizar determinados productos. En regiones como San Martín y la Selva Central, donde se producen café, cacao, cítricos, plátano, jengibre y hortalizas, una prohibición sin asistencia técnica ni alternativas puede traducirse en pérdidas de cosecha, mayores costos y menor rentabilidad, especialmente para los pequeños productores.

Por eso cobran importancia el manejo integrado de plagas, el control biológico, la capacitación sobre dosis y momentos de aplicación y el respeto de los períodos de carencia. La meta debe ser reducir aplicaciones innecesarias y garantizar que los productos autorizados se utilicen correctamente.

La situación tomó mayor relevancia el 24 de julio de 2026, cuando el Tribunal Constitucional ordenó a SENASA suspender temporalmente la venta, distribución y utilización, para la producción de alimentos destinados al consumo interno, de productos fitosanitarios que contengan clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin. El Tribunal declaró además un “estado de cosas inconstitucional” frente a la respuesta estatal considerada insuficiente para garantizar la inocuidad de los alimentos vegetales.

La sentencia exige también una respuesta institucional más amplia: reevaluación de productos, fortalecimiento de la fiscalización, mejores protocolos de vigilancia, capacidad de laboratorio y publicación de los resultados de los monitoreos.

Ahí está el verdadero desafío. Alguien tiene que frenar esta amenaza para la salud, pero hacerlo de manera responsable significa construir una cadena de control que empiece en la importación y el registro, continúe en la venta y aplicación, llegue hasta la cosecha y termine en los mercados donde compra el consumidor.

La responsabilidad no puede recaer únicamente sobre el agricultor. Si un producto fue autorizado, el Estado debe garantizar que su registro responda a evidencia científica y que la vigilancia continúe cuando aparezcan nuevas señales de riesgo. Si fue prohibido, debe garantizar que la prohibición se cumpla.

Perú necesita alimentos seguros y agricultores capaces de producirlos. Ambas necesidades pueden y deben avanzar juntas. La salida exige ciencia, vigilancia, trazabilidad, asistencia técnica, control efectivo de los productos prohibidos y alternativas biológicas que permitan reducir la dependencia de los químicos sin condenar al productor a perder su cosecha.

Las cifras de 10,38%, 21,75% y 38,83% deberían servir menos para alimentar el miedo que para activar una reacción. Porque detrás de cada porcentaje hay una pregunta que el Estado no puede seguir postergando: ¿quién garantiza que lo que llega a nuestra mesa sea realmente seguro?

Proteger la salud no significa abandonar al campo; significa construir un sistema que permita producir alimentos seguros, con controles firmes y alternativas reales para quienes trabajan la tierra.