Cuando un área protegida deja de ser un límite para las concesiones, el riesgo ya no es solo ambiental: también compromete el derecho al agua, la salud y el futuro de miles de personas.

La Iglesia Católica, a través del Vicariato Apostólico de Iquitos, expresó su preocupación por la admisión de dos nuevas solicitudes de concesión minera dentro del ámbito de influencia del Área de Conservación Regional Nanay-Pintuyacu-Chambira, un territorio cuya principal función es proteger la fuente de agua que abastece a más de medio millón de habitantes de la ciudad de Iquitos y de numerosas comunidades amazónicas. Aunque las concesiones aún no han sido otorgadas, el vicariato considera que el solo hecho de admitir los expedientes representa una seria amenaza para uno de los ecosistemas más importantes de la Amazonía peruana.

El padre Andinger Macahuachi Hoyos, vicario general del Vicariato Apostólico de Iquitos, explicó que la legislación vigente prohíbe otorgar concesiones dentro de áreas naturales protegidas.

Recordó que en 2013 se concedió un derecho minero a la empresa Raíces Caracol, decisión que posteriormente fue anulada mediante acciones legales impulsadas por diversas organizaciones e instituciones. Sin embargo, advirtió que la reciente admisión de nuevos pedidos revive la preocupación de que se repita una situación similar.

El sacerdote sostuvo que la posición de la Iglesia responde a la necesidad de defender no solo un espacio de conservación, sino también el derecho de las poblaciones amazónicas al agua limpia, la salud y un ambiente sano. Señaló que en la cuenca del Nanay ya existen actividades de minería ilegal identificadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, las cuales vienen siendo objeto de intervenciones debido a los impactos que generan sobre los ríos y las comunidades.

Asimismo, indicó que la contaminación provocada por la minería ya estaría afectando la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, quienes comienzan a presentar enfermedades asociadas a la presencia de mercurio en el ambiente. En ese contexto, cuestionó que, pese a la información disponible sobre estos riesgos y sobre la condición de área protegida del territorio, las autoridades hayan decidido admitir nuevas solicitudes de concesión. «Esta admisión es una ventana para que más adelante puedan otorgarla», advirtió el representante de la Iglesia.

Como parte de su pronunciamiento, el Vicariato Apostólico de Iquitos informó que ha solicitado formalmente la anulación de estos procedimientos administrativos y remitido su posición a diversas instituciones vinculadas a la gestión ambiental y la defensa del territorio. El objetivo, explicó, es sumar esfuerzos para evitar que se consoliden actividades extractivas en una zona considerada estratégica para la seguridad hídrica de la región.

El pronunciamiento también ha encontrado respaldo en otras organizaciones e instituciones de la región, así como en distintos medios de comunicación, reflejando una preocupación compartida frente a la posibilidad de que se debiliten las salvaguardas ambientales sobre una cuenca que abastece de agua potable a más de 500 mil personas y sostiene una extraordinaria diversidad biológica. Para la Iglesia, la defensa del Nanay, Pintuyacu y Chambira trasciende el ámbito local y constituye un llamado a que el Estado priorice la protección de los derechos fundamentales y del patrimonio natural amazónico.