- Cristina del Águila Arévalo considera prioritario impulsar el ordenamiento territorial y reforzar la conservación de la Amazonía frente a las amenazas ambientales que enfrenta el país.
La abogada ambientalista Cristina del Águila Arévalo exhortó al próximo gobierno a priorizar la protección del medio ambiente, especialmente la lucha contra la deforestación que continúa avanzando en distintas regiones del país. Señaló que el escenario ambiental es cada vez más complejo y resulta fundamental fortalecer las estrategias de conservación de los bosques, así como trabajar de manera articulada con organismos de cooperación internacional interesados en apoyar la restauración de la Amazonía.
La especialista indicó que uno de los principales desafíos será definir políticas claras para la conservación y el aprovechamiento sostenible del territorio. En ese sentido, manifestó que si el Estado continuará impulsando procesos de titulación de tierras, estos deben realizarse de manera planificada, garantizando la protección de espacios estratégicos para la conservación. Asimismo, advirtió sobre el avance de actividades extractivas dentro de áreas naturales protegidas y áreas de conservación regional, situación que requiere atención inmediata por parte de las futuras autoridades.
Del Águila también señaló que la pesca ilegal y la minería ilegal representan amenazas crecientes para la Amazonía. Respecto a la meta de alcanzar una deforestación cero, consideró indispensable que el nuevo gobierno establezca acciones concretas y defina claramente dónde se promoverán procesos de restauración, conservación, inversión privada, aprovechamiento de recursos y agricultura sostenible, a fin de evitar conflictos en el uso del territorio.
En relación con la minería ilegal, advirtió que se trata de una actividad que avanza de manera silenciosa en varias regiones del país y genera graves impactos ambientales y sociales. Indicó que, en el caso de San Martín, la región aún se encuentra en una etapa de expansión de esta actividad ilícita, a diferencia de otras zonas como Madre de Dios, donde el problema ya se encuentra consolidado. Añadió que los ingresos generados por la minería ilegal superan los 12 mil millones de soles, lo que demuestra la magnitud económica de este fenómeno.
La ambientalista sostuvo que enfrentar este problema requerirá una intervención firme y coordinada del Estado, involucrando a diversas instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas y organismos de fiscalización. Según explicó, la minería ilegal se ha consolidado en amplias zonas de la Amazonía y representa un riesgo no solo para los ecosistemas, sino también para la seguridad y el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas.
Asimismo, destacó la importancia del ordenamiento territorial como una herramienta clave para la gestión sostenible del país. Reconoció que la normativa sobre esta materia aún presenta vacíos y contradicciones, pero recomendó al próximo gobierno tomar en cuenta la experiencia de las regiones que han avanzado en instrumentos como la zonificación forestal, agroecológica, ecológica y la gestión de riesgos. Consideró que estas herramientas permitirán tomar decisiones más acertadas sobre el uso del territorio y garantizar un desarrollo equilibrado en la Amazonía peruana. Por: Hugo Anteparra
