La gestión pública está poniendo en riesgo el futuro del país
El Perú enfrenta una profunda crisis institucional marcada por la falta de liderazgo en la gestión pública, lo que ha debilitado seriamente el funcionamiento del Estado. Ministerios, gobiernos regionales y municipios operan sin rumbo claro, afectando la calidad de los servicios y la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
La inestabilidad política, la corrupción y la politización de los cargos públicos han impedido el desarrollo de una conducción técnica y comprometida. Lejos de dirigir con visión, los principales actores del Estado se ven envueltos en disputas internas, cambios constantes y decisiones improvisadas, lo que impacta directamente en la eficiencia del aparato estatal.
Uno de los problemas estructurales es la corrupción, presente desde los niveles más altos del poder hasta las instancias locales. A esto se suma la falta de transparencia en la ejecución del gasto, la contratación de obras y el acceso a la información pública, factores que impiden una adecuada fiscalización y alimentan la desconfianza ciudadana.
En paralelo, el país vive una crisis de gobernabilidad. La confrontación entre el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público ha debilitado la autoridad del Estado. Desde 2016, seis presidentes han ocupado la jefatura del Estado, reflejando un deterioro profundo de la institucionalidad democrática.
La incapacidad para canalizar conflictos sociales agrava aún más el panorama. La ausencia de autoridades con capacidad de diálogo y negociación ha provocado que las tensiones territoriales y sectoriales se intensifiquen, sin respuestas ni soluciones efectivas.
En el ámbito ambiental, las políticas frente al cambio climático avanzan lentamente, mientras se permite la expansión de actividades ilegales como la minería informal y la deforestación. Las acciones de mitigación se ven limitadas por la falta de voluntad política y la débil aplicación de normas.
Los sectores de salud y educación también están entre los más golpeados. Las brechas en zonas rurales y poblaciones vulnerables siguen sin atenderse de forma adecuada. A pesar de los anuncios de inversión, los problemas persisten por una ejecución ineficiente y la ausencia de una planificación con enfoque territorial.
Todo esto ha llevado a una profunda pérdida de confianza en el Estado. El descrédito del Congreso, del Ejecutivo y del sistema de justicia alcanza niveles críticos. La falta de legitimidad institucional genera un entorno de desgobierno que amenaza la estabilidad democrática.
Ante esta situación, el país necesita con urgencia liderazgos públicos con visión, integridad y capacidad técnica, capaces de orientar al Estado con responsabilidad. De no revertirse esta tendencia, el Perú seguirá atrapado en una maquinaria que funciona sin dirección y con escasa conexión con las necesidades reales de su población.