San Martín posee un valioso patrimonio natural, conformado por tres áreas protegidas nacionales, dos regionales, ocho áreas de conservación privadas y varias zonas de conservación y recuperación de ecosistemas (ZOCRES).
Con el objetivo de aportar al conocimiento de estas áreas naturales protegidas, a continuación, presentaré una serie dedicada a cada una de ellas.
BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO:
Establecido en 1987 mediante Resolución Suprema N° 0293-87-AG/DGFFdel 23 de julio de 1987. El BPAM abarca 182 mil hectáreas en las provincias de Rioja y Moyobamba. Su importancia es triple: conserva cuencas hidrográficas, protege una vasta biodiversidad y fomenta el turismo sostenible, siendo reconocido internacionalmente como destino privilegiado para el avistamiento de aves. Los ríos que nacen en este bosque son vitales para el abastecimiento de agua de poblaciones y tierras agrícolas del valle Alto Mayo.
Sin embargo, a lo largo de sus 38 años, el área enfrenta una grave crisis ambiental. La principal amenaza es la invasión y deforestación causadas por una migración desordenada, procedente principalmente de Cajamarca y Amazonas. Facilitados por la Carretera Fernando Belaúnde Terry, migrantes se asientan ilegalmente dentro del bosque y su zona de amortiguamiento. Allí, practican técnicas agrícolas y ganaderas arcaicas, basadas en la tala y quema, lo que degrada irreversiblemente el ecosistema.
Esta problemática se agrava por dos factores clave. Primero, la falta de coordinación y cumplimiento de las leyes ambientales por parte de autoridades locales, quienes en ocasiones promueven la construcción de trochas carrozables sin la debida planificación o consulta ambiental, priorizando intereses políticos. Segundo, la implementación deficiente de las herramientas de gestión existentes, como planes maestros y ordenanzas, lo que permite que las invasiones y la alteración de microcuencas continúen.
Para revertir esta situación, se requieren medidas urgentes y coordinadas. A nivel interno, es esencial establecer un sistema de control migratorio que regule la ocupación de tierras y oriente a los migrantes hacia zonas aptas para sus actividades. Las municipalidades deben respetar y hacer cumplir estrictamente la legislación ambiental, consultando siempre a las instituciones competentes antes de autorizar infraestructura. Además, se necesita incrementar el número de fiscales ambientales para atender denuncias con prontitud y fortalecer la educación, incorporando en la currícula escolar la realidad territorial y ambiental de la región para construir conciencia desde las nuevas generaciones.
A nivel externo, la coordinación entre autoridades regionales y municipales es crucial para planificar obras de infraestructura que consideren el impacto ambiental y promuevan un desarrollo genuinamente sostenible. Es imperativo cambiar la visión de la Amazonía como una despensa inagotable por una de conservación y uso responsable. La cooperación internacional también es vital, aportando apoyo técnico y financiero para reforzar las capacidades de gestión y conservación.
En conclusión, el Bosque de Protección Alto Mayo enfrenta desafíos severos que demandan acción inmediata. Pese a las amenazas, la posibilidad de transformarlo en un modelo de desarrollo sostenible sigue vigente, aprovechando sus potencialidades bajo un marco de legalidad y gestión ambiental efectiva. Proteger este invaluable recurso es una responsabilidad impostergable para el presente y el futuro.
