En fechas decisivas para el país, cuando los peruanos se preparan para elegir un nuevo presidente y renovar liderazgos regionales y parlamentarios, la protesta de miles de agricultores revela un profundo malestar social en el campo. Gobernadores, candidatos y congresistas electos no deberían mirar desde lejos: urge tender puentes, mediar y evitar que la crisis agraria se convierta en una fractura nacional.

La carretera Fernando Belaúnde Terry amaneció interrumpida. Desde la medianoche de este lunes, cientos de productores arroceros instalaron piquetes y bloquearon distintos tramos de la principal vía del oriente peruano para exigir al Gobierno Central la declaratoria de emergencia del sector arrocero, una medida que —afirman— ya no puede seguir postergándose mientras miles de familias trabajan a pérdida.

En la región San Martín, el paro agrario indefinido generó el cierre de importantes vías de acceso como el puente sobre el río San Juan de Soritor, en Nueva Cajamarca, el puente Tonchima en Rioja y diversos tramos de la carretera Marginal. Los agricultores demandan la reducción de aranceles y el control de las importaciones de arroz, argumentando que el ingreso de producto extranjero afecta gravemente la economía de los productores nacionales.

En el puente de Sisa, jurisdicción del distrito de San Hilarión, provincia de Picota, región San Martín, el dirigente Daniel Mayorga Enrique, secretario de Organizaciones de la Confederación Nacional de Arroz del Perú, describía un escenario de protesta extendida y coordinada en varias regiones del país. Los bloqueos se replicaron en San José de Sisa, Bellavista, Soritor, Tocache, Ucayali, Arequipa, Piura y Tumbes.

La escena se repetía en otros puntos estratégicos del país. En Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, y en el sector San Juan de Porongo, en Tocache, largas filas de buses interprovinciales, vehículos de carga pesada y automóviles particulares quedaron detenidos durante horas. Decenas de pasajeros permanecieron varados, mientras muchas personas expresaban su preocupación por no contar con alimentos ni recursos suficientes para afrontar la emergencia durante el tiempo de espera.

Los manifestantes permitieron únicamente el tránsito peatonal y el paso de ambulancias como medida humanitaria. Numerosos viajeros tuvieron que caminar entre dos y tres kilómetros para realizar transbordos y continuar sus trayectos. En algunos sectores, mototaxistas cobraron tarifas elevadas aprovechando la necesidad de los pasajeros para trasladarlos entre los puntos bloqueados.

Pero detrás de los bloqueos existe una historia más profunda: la sensación de abandono. Los agricultores aseguran que el precio del arroz cayó progresivamente desde mediados del 2024, mientras los costos de producción continuaron subiendo. Fertilizantes, semillas, combustible, mano de obra e insumos agrícolas encarecieron el cultivo hasta volverlo insostenible para miles de pequeños productores.

“Ya hemos tenido más de 25 reuniones con diferentes ministerios y hasta ahora no tenemos soluciones reales”, reclamó Mayorga Enrique. Según explicó, participaron en mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros y otras entidades del Ejecutivo. Sin embargo, los acuerdos nunca se tradujeron en medidas concretas.

Los agricultores sostienen que el Gobierno únicamente ofreció mecanismos paliativos, como pequeños programas de compra de arroz mediante iniciativas de agronegocios, pero consideran que esas acciones “no impactan en nada el problema de fondo”. Por ello, una de las principales demandas es que el Estado adquiera de manera masiva parte de la producción nacional.

“Solicitamos la compra de 180 mil toneladas métricas de arroz para aliviar la crisis de los hermanos agricultores del Perú”, señaló el dirigente. La propuesta —afirman— fue presentada en reiteradas reuniones, pero hasta hoy no existe respuesta oficial.

El malestar también alcanzó al plano político. Los dirigentes cuestionaron directamente a la PCM y a anteriores compromisos asumidos por representantes del Ejecutivo. Según relataron, hubo promesas de solución inmediata que nunca llegaron a cumplirse. “Nos dijeron que en 48 horas solucionarían el problema y hasta el día de hoy no hay nada”, manifestó el representante arrocero, reflejando la desconfianza acumulada en los últimos meses.

Pese a la presencia de agentes de la Policía Nacional en varios puntos de bloqueo, las carreteras continuaron cerradas y no se registraron intervenciones para liberar las vías. Los dirigentes agrarios advirtieron que la medida de fuerza continuará mientras el Gobierno no atienda sus principales demandas relacionadas con la protección de la producción nacional de arroz. Incluso, anunciaron que en los próximos días las protestas podrían extenderse hacia la ciudad de Tarapoto con nuevas movilizaciones.

En distintas localidades de San Martín, la paralización alteró la rutina cotidiana. El transporte interprovincial quedó restringido y muchas familias comenzaron a sentir los efectos de la inmovilización de la principal vía de conexión regional. Las autoridades locales monitorean la situación mientras crece la incertidumbre sobre la duración de la protesta.

Sin embargo, más allá de las cifras y bloqueos, el conflicto deja una pregunta de fondo: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un país que escucha a sus agricultores únicamente cuando paralizan carreteras?

La protesta de los arroceros ocurre en un momento políticamente sensible para el Perú. A puertas de nuevos procesos electorales y en medio de un desgaste creciente de la representación política, el reclamo agrario se convierte también en un mensaje sobre la distancia entre el Estado y las regiones productoras. Los agricultores sienten que sostienen la seguridad alimentaria del país, pero que sus problemas rara vez ocupan el centro de las decisiones nacionales.

Por eso, distintos sectores empiezan a demandar no solo respuestas técnicas, sino también capacidad política para mediar. Gobernadores regionales, alcaldes, congresistas y futuros candidatos tienen ante sí una oportunidad crucial: construir puentes antes que la confrontación escale.

Porque mientras en Lima se discuten estrategias y discursos, en el campo miles de familias siguen sembrando bajo incertidumbre, esperando que el Estado recuerde que detrás de cada saco de arroz hay trabajo, deuda, esfuerzo y esperanza.