“La servidumbre minera ya fue rechazada”

En un contexto donde crecen las presiones por actividades extractivas en la Amazonía, la decisión administrativa marca un precedente institucional.

La ministra del Ambiente Ing. Nelly Predes del Castillo tiene hoy la oportunidad de fijar una posición firme ante el Ejecutivo: los principios y la verdadera defensa del medio ambiente deben estar por encima de cualquier cargo pasajero.

En medio del debate por la presencia de proyectos mineros en la Amazonía, la Autoridad Regional Ambiental de San Martín (ARASM) ha ratificado que no procede la solicitud de servidumbre minera presentada por la empresa Hannan Metals Perú S.A.C. sobre extensas áreas del distrito de Tabalosos, en la provincia de Lamas.

Así lo confirmó el director de Gestión Territorial de la ARASM, Luis Enrique Paredes Tuanama, mediante el Oficio N.° 081-2026-GRSM/ARASM-DGT, dirigido a la gerente general de Hannan Metals Perú S.A.C., Catalina Eliana Vargas Torres. En el documento se detalla que la empresa buscaba establecer una servidumbre convencional para actividades de exploración minera en terrenos del Estado.

Según explicó la autoridad regional, la empresa presentó inicialmente una solicitud en agosto de 2024 para el uso de 1,937.00 hectáreas de terrenos eriazos de propiedad estatal con fines de exploración minera. Sin embargo, el pedido fue declarado improcedente tras una evaluación técnico – legal realizada por la entidad ambiental regional.

“La empresa solicitó la constitución de servidumbre sobre terrenos del Estado para actividades de exploración minera en el distrito de Tabalosos, pero dicha solicitud fue evaluada y declarada improcedente conforme al Informe Técnico Legal N.° 015-2024”, se detalla en la comunicación oficial.

Posteriormente, la compañía insistió con un nuevo pedido. En octubre de 2024, la misma empresa presentó otra solicitud, esta vez para una superficie de 1,936.1003 hectáreas en la misma jurisdicción. No obstante, el resultado fue el mismo: la Resolución Directoral N.° 003-2025-GRSM/ARASM/DGT, emitida el 21 de enero de 2025, volvió a declarar improcedente el pedido de servidumbre.

De acuerdo con Paredes Tuanama, la decisión responde a un aspecto fundamental: la Dirección de Gestión Territorial no tiene competencia funcional para otorgar este tipo de servidumbres en las condiciones planteadas, además de existir observaciones legales sobre la solicitud.

Ante esa decisión, la empresa interpuso un recurso de apelación, intentando revertir el fallo administrativo. Sin embargo, la Resolución Gerencial Ejecutiva N.° 010-2025-GRSM/ARASM/GE, emitida el 28 de febrero de 2025, declaró infundado el recurso, confirmando la decisión inicial y agotando la vía administrativa.

En la entrevista institucional, el funcionario precisó que la empresa también planteó la posibilidad de un “trato directo” para negociar la servidumbre. No obstante, aclaró que este mecanismo no constituye una figura jurídica autónoma, sino únicamente una etapa previa de negociación entre las partes.

“No resulta posible promover un trato directo bajo la figura de servidumbre minera si no se cuenta con los requisitos legales establecidos”, se señala en la respuesta oficial remitida a la empresa minera.

Con esta decisión, la Autoridad Regional Ambiental de San Martín sostiene que el procedimiento administrativo ha concluido, dejando en claro que el pedido de servidumbre sobre las más de 1,936 hectáreas en Tabalosos no puede prosperar bajo las condiciones planteadas por la compañía.

El caso vuelve a poner en agenda el delicado equilibrio entre intereses extractivos y la protección de la Amazonía, especialmente en regiones como San Martín, que durante décadas han defendido un modelo de desarrollo basado en la conservación de bosques, la agricultura sostenible y el turismo.

En ese escenario, el debate trasciende el ámbito regional. La mirada también se dirige al Gobierno central. La ministra del Ambiente está llamada a fijar una posición clara frente a las presiones del Ejecutivo y los intereses económicos. En un momento en que la Amazonía enfrenta múltiples amenazas, la defensa de los principios ambientales y del territorio debe prevalecer por encima de cualquier cargo temporal o cálculo político.