En una reunión de coordinación realizada en la Cámara de Comercio de San Martín, el pasado sábado 29, autoridades, representantes de la sociedad civil y el sector privado abordaron las alternativas de solución para la puesta en operación del Puente Punta Arenas. La mesa de trabajo estuvo presidida por la congresista Karol Paredes, quien enfatizó la importancia de dar seguimiento a los acuerdos establecidos.
El alcalde distrital de Campanilla expresó su preocupación por la congestión en la zona y la falta de obras públicas que afectan a más de 26 mil ciudadanos. Solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para declarar en emergencia su distrito y agilizar la aprobación de proyectos esenciales de agua y desagüe.
Por su parte, el alcalde provincial de Mariscal Cáceres, Esteban Irene, demandó que PROVIAS Nacional asuma su responsabilidad y declare el puente en emergencia, lo que permitiría acelerar la compra e instalación de cables para su operatividad. También pidió reforzar la vigilancia en el Puente Santa Martha, instalar cámaras de seguridad y que la fiscalía investigue los actos de vandalismo sufridos en la infraestructura.
El representante de PROVIAS Descentralizado, René Chavarri, informó que en un plazo de 60 días el mantenimiento con cables nacionales permitirá recuperar el 50% de la capacidad del puente, restableciendo el tránsito de vehículos de pasajeros y carga.
Durante la reunión, representantes de la Marina indicaron que la mayoría de las embarcaciones en la zona carecen de documentación adecuada, por lo que propusieron un acuerdo con los propietarios para regularizar su situación y evitar la inmovilización de sus unidades.
Otras demandas incluyeron el mantenimiento de carreteras, la creación de una comisión con participación de alcaldes y congresistas, la declaratoria de emergencia vial en el tramo Juanjuí-Tocache-Punta Arenas y medidas contra actos delictivos que afectan la infraestructura.
Acuerdos tomados
Entre los compromisos asumidos destacan:
- PROVIAS Nacional deberá presentar un cronograma detallado sobre la puesta en operación del puente.
- La Policía Nacional del Perú (PNP) presentará un informe sobre la investigación de los actos vandálicos.
- Se convocará a la SUNAT, PROVIAS Nacional y la Dirección de Puentes del MTC para supervisar actividades comerciales en la zona.
- Se exigirá la declaratoria de emergencia vial y de seguridad en el área afectada.
- La PNP garantizará el patrullaje permanente en los principales puentes de la región.
- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Marina de Guerra del Perú y el Gobierno Regional de San Martín trabajarán en conjunto con la Municipalidad de Campanilla para formalizar las embarcaciones.
Cierre del puente genera pérdidas por más de S/ 3.8 millones mensuales
La interrupción del Puente Punta Arenas ha desencadenado un grave impacto económico en la región, afectando a sectores clave como el transporte, el comercio y la construcción. Según un informe técnico, las pérdidas económicas totales ascienden a S/ 3,846,000 mensuales, debido a sobrecostos en logística, incremento de precios y pérdida de productividad.
Golpe al transporte y comercio
El sector más afectado es el comercio al por mayor, que enfrenta un impacto mensual de S/ 1.5 millones debido a retrasos en la distribución de productos y el aumento en costos logísticos. El transporte de carga y pasajeros tampoco ha escapado de la crisis: Pérdidas en transporte de pasajeros: S/ 396,000 mensuales – Pérdidas en transporte de carga: S/ 600,000 mensuales
A esto se suma el sobrecosto generado por el uso de lanchas para el cruce del río Huallaga, que afecta la productividad y genera un gasto adicional diario de S/ 16,000 en tiempos de espera y traslados.
Construcción en riesgo: El sector construcción sufre un encarecimiento de materiales y retrasos en obras públicas y privadas, con una pérdida mensual estimada en S/ 1,350,000. Esto podría frenar importantes proyectos de infraestructura en la región.
Urgente llamado a las autoridades: Ante esta crisis, se ha solicitado la intervención inmediata del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de PROVIAS Nacional para agilizar la reparación del puente y evitar un mayor colapso económico. Se exige la declaratoria de emergencia vial y la asignación de recursos para la solución inmediata del problema.
La población y los gremios afectados esperan una respuesta rápida, pues cada día de inacción significa más pérdidas para la economía local y un impacto directo en la calidad de vida de miles de ciudadanos.