Está conformada por funcionarios de la empresa Petroperú, empresarios y “apus” de comunidades nativas
A inicios de octubre, el Ministerio Público detuvo a 18 personas por integrar la presunta organización criminal “Los Crudos”, que provocaba cortes en la tubería del Oleoducto Norperuano con la finalidad de causar derrames de petróleo en la Amazonía loretana, banda que estaría conformada por funcionarios de la empresa estatal Petroperú, empresarios y “apus” o líderes de comunidades nativas del distrito de Urarinas.
Uno de los testigos reservados de la fiscalía a cargo de la investigación brindó capturas de pantalla en la que tres miembros de “Los Crudos” coordinaban las acciones que deben realizar los apus de las comunidades nativas para que las empresas vinculadas a estas organizaciones obtengan contratos de limpieza del hidrocarburo derramado ocurridos el 22 y 31 de marzo de 2022.
Según datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el corte del 22 de marzo de 2022 se derramó un barril de crudo, pero en el producido nueve días después se vertieron 250 barriles. Ambos derrames contaminaron 9900 metros cuadrados de agua y flora en el distrito de Urarinas.
La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado investiga nueve “eventos” en el Tramo I del Oleoducto Norperuano, denominación utilizada para referirse a cortes del ducto. Esta infraestructura es estratégica para el transporte del crudo de petróleo que se produce en Loreto hasta la región Piura.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización criminal es liderada por el empresario Juan José Sánchez Tirado Vela, su pareja Guadalupe García Romero y Alfredo Geydi Chuquizuta Chota. Ellos son vinculados a compañías que buscaban ganar licitaciones de Petroperú para realizar las labores de primera respuesta en la contención y recojo del petróleo vertido.
Además, son investigados dos trabajadores de Petroperú: el coordinador de relaciones comunitarias, Marcelino Javier Gutiérrez Neyra, y el jefe de operaciones del Tramo I del Oleoducto Norperuano, Arnaldo Zapata Silva.
El Ministerio Público también investiga al apu de la comunidad de San Pedro, Jiner Roy Panduro Castillo y a cuatro de sus familiares, entre hermanos y primos. También hace lo mismo con el apu de Nueva Alianza Regner Flores Carijano, su hermano y otros miembros de la comunidad, así como con el jefe indígena de Nueva Esperanza, Elías Sifuentes Isuiza.
Para la Fiscalía, estos apus tendrían el rol de buscar a personas en sus comunidades para que realicen los cortes y los consecuentes derrames. Luego, los dirigentes convencían a los habitantes de sus localidades para que elaboren actas de asambleas en las que señalaban a qué empresas debía contratar Petroperú para la limpieza del crudo vertido.
En imágenes de WhatsApp se muestran coordinaciones de integrantes de “Los Crudos” sobre cómo los apus de la comunidad de San Pedro y Nueva Esperanza debían escribir un acta de asamblea, con el fin de beneficiar a empresas de la organización criminal en contratos con Petroperú para la limpieza del derrame del área afectada.