¿Municipalidades o agencias de empleo?
En el análisis del presupuesto anual 2025 de las municipalidades provinciales de San Martín, surge una pregunta incómoda pero urgente: ¿están nuestras municipalidades funcionando como gestoras del desarrollo o como agencias de empleo camufladas? La revisión de los gastos específicos revela una preocupante concentración del presupuesto en servicios personales y contrataciones, por encima de inversiones públicas tangibles.
Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, al 24 de mayo del presente año fiscal, los gobiernos locales de San Martín han destinado más de 67.9 millones de soles en solo cuatro tipos de gastos: Contratos Administrativos de Servicios (CAS), locaciones de servicios por personas naturales, servicios de profesionales y técnicos diversos, y mantenimiento de vehículos. Y en la cima de este uso de recursos figura la Municipalidad Provincial de Moyobamba, con 15.8 millones de soles, representando más del 23% del total regional.
Un presupuesto absorbido por la contratación de personas
Los tres primeros rubros – CAS, locaciones de servicios y profesionales/técnicos – representan gastos por 65.7 millones de soles, es decir, el 96.8% del total asignado en estas categorías, dejando en evidencia una estructura municipal orientada más al pago de servicios personales que a la ejecución de obras o mejora de servicios públicos.
Las dos municipalidades más grandes de la región como ejemplo
La Municipalidad Provincial de San Martín (Tarapoto) lidera el gasto en modalidad CAS, con 7.27 millones de soles, equivalente al 26.87% del total regional en este rubro. Por su parte, Moyobamba encabeza los gastos en locaciones de servicios con personas naturales (7.1 millones) y en servicios diversos profesionales y técnicos (4.4 millones), siendo además la que más invierte en mantenimiento de vehículos (786 mil soles).
La pregunta cae por su propio peso: ¿necesitan realmente estas municipalidades tantos consultores, técnicos, administrativos y asesores externos para cumplir con sus funciones básicas? ¿Se está priorizando la contratación de personal antes que la ejecución de proyectos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos?
¿Dónde quedan los servicios a la población?
En un contexto donde las demandas ciudadanas por agua potable, saneamiento, seguridad, infraestructura vial o servicios educativos son persistentes y urgentes, resulta cuestionable que los gobiernos locales estén absorbiendo el grueso de sus presupuestos en mantener su aparato burocrático.
Frente a esta tendencia, la eficacia de los municipios se pone bajo sospecha. El ciudadano se pregunta: ¿mis impuestos están financiando mejoras reales o simplemente sueldos y honorarios de una maquinaria institucional sobredimensionada? La percepción de ineficiencia crece, alimentando la desconfianza y el desapego hacia las autoridades locales.
¿Administración o clientelismo?
El uso intensivo del presupuesto en contrataciones bajo modalidades flexibles como CAS o locaciones de servicios también abre la puerta al clientelismo político. Estos contratos temporales y de libre disposición podrían estar siendo usados como moneda de intercambio electoral, premiando lealtades antes que competencias.
En lugar de fortalecer capacidades institucionales con personal permanente y meritocrático, se fomenta una cultura de dependencia y precarización laboral, donde las renovaciones anuales se vuelven herramienta de control político.
Una llamada a la transparencia y reestructuración
La ciudadanía tiene derecho a exigir cuentas claras. ¿Qué profesionales están siendo contratados? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué resultados concretos se obtienen de su labor? ¿Existe una evaluación de desempeño? Urge una auditoría exhaustiva y pública sobre la eficiencia del gasto en servicios personales y la pertinencia de las contrataciones.
Además, se hace necesario repensar el diseño presupuestal de las municipalidades. Una porción razonable del presupuesto debe destinarse a personal técnico calificado, pero no puede convertirse en el componente predominante del gasto. La inversión pública debe ser equilibrada, y priorizar la mejora de servicios, infraestructura y oportunidades para la población.
Reflexión:
Si las municipalidades provinciales quieren recuperar la confianza de los ciudadanos y cumplir su rol transformador, deben dejar de actuar como oficinas de empleo temporales. La verdadera gestión pública debe traducirse en servicios eficientes, obras necesarias y un manejo transparente de cada sol que pagan los contribuyentes. Porque cuando el gasto en burocracia supera al impacto en la vida del ciudadano, lo que se erosiona no es solo el presupuesto, sino la legitimidad del Estado.