Una obra de S/ 1,8 millones construida sobre un terreno ajeno deja a la Municipalidad de Moyobamba al borde del desalojo

La recuperación judicial del Campo Ferial Ayaymama pone al descubierto una cadena de decisiones administrativas que hoy generan pérdidas económicas, afectan servicios públicos y comprometen la continuidad de varias gerencias municipales. Mientras la actual gestión busca una salida mediante el diálogo, la burocracia del INABIF y la escasa articulación política mantienen el conflicto sin solución.

Por años, miles de moyobambinos acudieron al Campo Ferial Ayaymama para realizar trámites municipales, participar en ferias y actividades institucionales. Pocos imaginaban que gran parte de ese espacio nunca perteneció a la Municipalidad Provincial de Moyobamba.

Hoy, esa realidad terminó convirtiéndose en un proceso judicial que ya produjo un primer desalojo y que podría dejar sin sede a varias dependencias municipales el próximo 8 de julio, cuando está programado el segundo lanzamiento judicial.

El gerente municipal, Ing. Juan García, explicó que el problema tiene su origen en una decisión adoptada durante la gestión del exalcalde Gastelo Huamán Chinchay, cuando se ejecutó un circuito vial valorizado en aproximadamente S/ 1,8 millones dentro de un terreno cuya propiedad corresponde al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).

El error original

Según la información proporcionada por la municipalidad, el Campo Ferial Ayaymama posee aproximadamente 50 000 metros cuadrados.

La municipalidad ocupaba dos sectores:

• 3 771 metros cuadrados, donde funcionaba el circuito vial para licencias de conducir.
• 27 700 metros cuadrados, donde actualmente operan las Gerencias de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Gestión del Riesgo, además del Centro de Emergencia Mujer (CEM).

Sin embargo, el INABIF sostiene judicialmente que dichas ocupaciones nunca contaron con un convenio, cesión en uso ni autorización formal. Ese aspecto constituye el núcleo del conflicto.

¿Qué debió hacerse?

En la administración pública existen principios básicos que no pueden omitirse.

Antes de invertir recursos públicos en infraestructura, la entidad ejecutora debe acreditar la disponibilidad legal del terreno mediante un título de propiedad, transferencia, cesión en uso, convenio u otro instrumento reconocido por la ley.

Construir primero y regularizar después suele terminar exactamente como ocurre hoy en Moyobamba: procesos judiciales, pérdida de inversiones y perjuicio para la ciudadanía.

Más allá de las eventuales responsabilidades administrativas o penales que puedan determinar los órganos competentes, el caso evidencia una deficiente planificación de la inversión pública.

La justicia ya empezó a actuar

Durante 2024, el INABIF inició el proceso de recuperación del inmueble.

El primer lanzamiento judicial se ejecutó el 4 de junio, afectando el área donde funcionaba el circuito vial.

Según el gerente municipal, durante la diligencia se registraron daños en la fibra óptica, afectación de equipos utilizados para la emisión de licencias de conducir y pérdida de expedientes administrativos.

Ahora el escenario es mucho más complejo.

El segundo lanzamiento comprende aproximadamente 27 700 metros cuadrados, donde funcionan varias gerencias municipales que diariamente atienden a cientos de ciudadanos.

La negociación que nunca avanzó

La actual administración asegura haber sostenido diversas reuniones con funcionarios del INABIF y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Sobre la mesa se plantearon dos alternativas:

• Una permuta, entregando un terreno municipal de más de 5 000 metros cuadrados ubicado cerca del peaje de ingreso a Moyobamba.
• La firma de un convenio interinstitucional que permitiera mantener temporalmente la ocupación.

Sin embargo, el cambio de la Dirección Ejecutiva del INABIF paralizó las negociaciones. La nueva directora indicó que el terreno ofrecido no tenía el mismo valor económico que el ocupado por la municipalidad.

Posteriormente se realizó una mesa de diálogo con participación del viceministro Fernando Villegas.

Según el gerente municipal, la directora del INABIF no participó en dicha reunión, pese a encontrarse en Moyobamba realizando una visita al campo ferial, más nunca asistió a la reunión que de daba el mismo día.

Como consecuencia, el diálogo quedó sin resultados concretos.

La política tampoco responde

La municipalidad buscó respaldo entre los representantes parlamentarios en ejercicio y electos, el silencio – la congresista Cheryl Trigozo, respondió que tenía una agenda recargada -.

Más allá de nombres particulares, el caso plantea una interrogante válida: ¿están los representantes elegidos por la ciudadanía acompañando de manera efectiva la solución de un problema que afecta directamente a Moyobamba?

De acuerdo con Juan García, el congresista Carlos Enrique Alba Rojas ha acompañado las gestiones realizadas ante el Poder Ejecutivo.

¿Quién asume la responsabilidad?

El propio gerente municipal informó que la Procuraduría Municipal presentó informes y denuncias que actualmente se encuentran en conocimiento de la Fiscalía.

Además, la actual administración prepara un nuevo informe sobre los daños ocasionados al municipio como consecuencia de los desalojos.

Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales.

El gran perdedor es el ciudadano

Mientras las instituciones discuten la propiedad del terreno, los mayores afectados son los vecinos.

Gerencias completas deberán ser trasladadas.

Servicios públicos se verán interrumpidos.

Equipos y documentos deberán movilizarse nuevamente.

Y una inversión pública millonaria terminó siendo retirada por mandato judicial.

Preguntas que aún esperan respuesta

¿Quién autorizó construir una obra pública sobre un terreno cuya propiedad correspondía al INABIF?

¿Existió algún informe legal que advirtiera el riesgo de ejecutar esa inversión?

¿Por qué durante tantos años no se regularizó la situación jurídica del predio?

¿Cuánto dinero público se ha perdido con esta decisión?

¿Qué ocurrió con las denuncias formuladas anteriormente por la Procuraduría?

¿Por qué no prosperó una solución negociada entre dos instituciones del Estado?

¿Quién asumirá finalmente el costo económico y político de este conflicto?

El caso Ayaymama no debe convertirse únicamente en una disputa entre instituciones públicas.

Debe servir como una lección sobre la importancia de administrar correctamente los recursos del Estado.

Las obras públicas no pueden ejecutarse sin seguridad jurídica.

El diálogo entre entidades estatales no puede quedar atrapado por la burocracia.

Y cuando existen indicios de posibles irregularidades, corresponde a la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía actuar con independencia, objetividad y celeridad, determinando las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

Moyobamba necesita autoridades que planifiquen, dialoguen y administren con transparencia. La ciudadanía merece instituciones que protejan el patrimonio público y eviten que errores administrativos terminen costando millones de soles y afectando los servicios que reciben miles de vecinos.