El 56% de los casos de cáncer en el Perú se detectan en etapas avanzadas. No es una cifra técnica: es una condena anticipada para miles de familias, especialmente en la Amazonía, donde el acceso a diagnóstico, especialistas y medicamentos sigue siendo una promesa incumplida.
En San Martín, enfermar de cáncer sigue siendo, demasiadas veces, una carrera contra el tiempo que el paciente empieza perdiendo. Mientras cada 4 de febrero el país recuerda el Día Mundial contra el Cáncer, en la región la realidad es más cruda que simbólica: la mayoría de diagnósticos llega tarde, cuando la enfermedad ya avanzó y el margen de acción es mínimo. En el Perú, el 56% de los casos de cáncer se detecta en etapas III y IV, y esta cifra golpea con más fuerza a regiones amazónicas como San Martín, donde el acceso al tamizaje, a especialistas y a tratamientos oportunos sigue siendo limitado. De acuerdo con la Fundación Peruana de Cáncer (FPC) y el Instituto Peruano de Economía (IPE), usando datos del Sinadef, en 2025 murieron cerca de 41 mil personas por cáncer, un 33% más que en 2019, consolidando a esta enfermedad como la principal causa de muerte en el país, responsable de uno de cada cuatro fallecimientos.
Detrás de ese promedio nacional hay historias que se repiten en Moyobamba, Tarapoto, Rioja o Tocache: pacientes que pasan por varios establecimientos de salud sin un diagnóstico claro, mujeres que nunca accedieron a una mamografía y familias que deben decidir entre endeudarse o resignarse. Según el Ministerio de Salud (MINSA), en 2025 solo 1% de mujeres entre 50 y 69 años accedió a una mamografía, muy lejos de la meta oficial del 24%, y aunque el tamizaje de cáncer de cuello uterino alcanzó un 14%, sigue siendo insuficiente para una región donde la prevención debería ser prioridad. El resultado es previsible: más muertes evitables, especialmente por cáncer de mama, cuello uterino, colon y próstata, enfermedades donde el diagnóstico temprano cambia radicalmente el pronóstico. Fátima Luna, gerenta de Políticas Públicas de la FPC, ha advertido que muchos pacientes llegan al diagnóstico correcto recién después de consultar hasta cuatro médicos, una odisea que en San Martín implica traslados, costos y demoras que el sistema no asume, pero el ciudadano sí.
A esta falla estructural se suma la escasez de especialistas: el país cuenta con apenas 1,200 oncólogos, y la mayoría se concentra en Lima, dejando a regiones como San Martín dependiendo de referencias tardías o derivaciones que no siempre se concretan. Edgardo Nepo, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC, ha sido claro en señalar que, sin telemedicina efectiva, sin fortalecimiento del primer nivel de atención y sin tamizajes personalizados para grupos de riesgo, la brecha seguirá creciendo. El problema no termina en el diagnóstico: en 2025, uno de cada cinco medicamentos oncológicos estuvo desabastecido o en substock en los institutos especializados, y aunque San Martín no cuenta con un IREN plenamente equipado, sus pacientes sufren igual o más la interrupción de tratamientos. Todo esto ocurre mientras el Estado retrocede en inversión: el presupuesto de inversión del Programa de Prevención y Control del Cáncer es hoy 76% menor que en 2019, y para 2026 representa apenas 4% del total del programa, según el análisis del IPE. Menos inversión significa menos equipos, menos diagnóstico temprano y más dependencia de Lima. En un escenario donde solo 11 de los 35 planes de gobierno incluyen propuestas para enfrentar el cáncer, la pregunta en San Martín no es técnica ni ideológica: es profundamente humana.
¿Cuántas muertes más se necesitan para entender que, en la selva, el cáncer no mata solo por biología, sino por distancia, desigualdad y decisiones que nunca llegan a la región?
