Mientras políticos ofrecen carreteras, postas médicas y títulos en plena campaña, las investigaciones por el secuestro y maltrato a un fiscal, policías y guardaparques parecen congeladas en el tiempo. El temor es que uno de los casos más graves ocurridos en el Bosque de Protección Alto Mayo termine archivado y en la impunidad.

Voces dialogó con el jefe del Bosque de Protección Alto Mayo, Ingeniero Percy Martínez Dávila, en la entrevista nos describe un escenario en el que las autoridades con voluntad y actores sociales con real compromiso tienen que actuar amparados en la ley y el sentido común.

La tensión vuelve a instalarse en el ingreso al Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), un territorio históricamente marcado por conflictos, invasiones y presiones políticas. Desde el sector que conduce hacia el centro poblado de Nuevo Edén, nuevamente se denuncia el ingreso de maquinaria pesada sin autorización, una situación que ha encendido las alertas entre autoridades ambientales y miembros del comité de gestión del área natural protegida.

El representante consultado recordó que esta zona no es cualquier punto del bosque. Se trata de un sector considerado altamente sensible desde hace años, escenario de graves conflictos registrados en el 2016, cuando incluso se produjo el secuestro y maltrato de un fiscal, policías y guardaparques durante una intervención en defensa del área protegida.

“Ese sector siempre ha tenido problemas. Ahí sucedieron los hechos donde hubo secuestros a un fiscal, policías y guardaparques. Es un área que se maneja con mucha delicadeza”, explicó.

Pese a ello, según denunció, pobladores organizados habrían decidido ingresar maquinaria pesada para ampliar una trocha existente desde el 2010, realizando trabajos de apertura de aproximadamente tres kilómetros dentro del bosque, sin contar con la opinión vinculante del SERNANP ni del Bosque de Protección Alto Mayo.

El hecho ocurrió el año pasado, en plena temporada de invierno, y motivó que la jefatura del BPAM presentara una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Sin embargo, la investigación permanece estancada.

“Nosotros aceptamos conocer que ingresaron maquinaria sin autorización. Se denunció ante la FEMA y estamos haciendo seguimiento a la carpeta fiscal, pero no avanza. Después vinieron las campañas electorales”, señaló con preocupación.

Uno de los puntos más delicados es el origen de la maquinaria utilizada. Según explicó, las investigaciones preliminares indicarían que pertenecería a empresarios vinculados a la región Amazonas, lo que vuelve a poner sobre la mesa el histórico conflicto limítrofe entre San Martín y Amazonas.

“El detalle es que la FEMA ha investigado y la empresa dice que la maquinaria es de Amazonas”, sostuvo.

La controversia territorial no es nueva. Desde hace años existe una disputa por la delimitación entre ambos departamentos, situación que, según advierten, estaría siendo aprovechada por grupos interesados en ocupar territorios dentro del bosque de protección.

“El problema limítrofe lo manejan el Gobierno Regional de San Martín, el Gobierno Regional de Amazonas y la PCM. Pero el detalle es que Amazonas asume que su límite entra más adentro. Si revisamos la Zonificación Ecológica y Económica, más de doscientas hectáreas de San Martín aparecen prácticamente usurpadas”, afirmó.

Según explicó, en los mapas oficiales de zonificación ecológica y económica existirían superposiciones que terminan favoreciendo interpretaciones territoriales ambiguas. Mientras tanto, en el terreno, la presión sobre el bosque continúa creciendo.

“La intención es ingresar al bosque de protección y abarcar esas tierras”, advirtió.

El entrevistado confirmó además que la problemática ya es de conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que incluso se desarrollan mesas de diálogo permanentes para evitar que el conflicto escale.

“Vamos a participar en una reunión con la PCM para conversar estos temas. A veces es un problema más relacionado con ronderos y nosotros no podemos ir contra ellos. Tenemos que manejar esto con mucho cuidado por los antecedentes violentos que existen”, remarcó.

Pero el componente político aparece ahora como un nuevo factor de presión sobre el área natural protegida. Según denunció, candidatos en campaña estarían realizando ofrecimientos populistas dentro de la zona, utilizando las necesidades de los migrantes asentados en Nuevo Edén para captar votos.

“Un candidato al Senado de San Martín ha ofrecido construir una posta médica en Edén”, reveló.

Sin embargo, detrás de ese ofrecimiento existiría una estrategia más amplia orientada a consolidar ocupaciones humanas dentro del bosque.

“Lo primero que han pedido es la carretera. Luego vendrá la posta médica, después la escuela y finalmente la población”, alertó.

Precisó que cualquier intervención dentro del área protegida requiere obligatoriamente una opinión vinculante del Bosque de Protección Alto Mayo y estudios técnicos especializados, incluyendo evaluaciones de impacto ambiental.

“Ellos tienen que presentar una ficha técnica sustentada. Elaborarla cuesta dinero y por eso no la hacen. Mientras no exista esa ficha técnica, el BPAM no va a emitir ninguna autorización”, enfatizó.

El dirigente cuestionó duramente a los candidatos que – según afirma – vienen “regalando” territorios durante la campaña electoral, prometiendo títulos de propiedad, carreteras y obras que legalmente no están bajo sus competencias.

“Que dejen de estar ofreciendo territorio. Un alcalde no puede dar títulos. Muchos candidatos van a ofrecer carreteras, escuelas y títulos en esa zona, pero no les corresponde”, cuestionó.

Finalmente, volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más graves y olvidados relacionados con el Alto Mayo: el secuestro y agresión sufridos por autoridades durante los conflictos del 2016, un caso que hasta hoy sigue sin resultados concretos.

“Hasta ahora no hay resultados de la investigación. La carpeta no aparece, los acusados ya no existen y el Ministerio Público no informa nada. No sería raro que termine archivado”, denunció.

Pese a ello, aseguró que desde el comité de gestión y las autoridades del bosque continuarán exigiendo sanciones y precedentes claros para frenar nuevas invasiones y proteger uno de los ecosistemas más importantes de la Amazonía peruana.

“Nosotros seguimos haciendo seguimiento. Tiene que marcarse un precedente. El Estado tiene que dar el ejemplo”, concluyó.