La detención de uno de los responsables reabre una herida nacional: en el Perú, proteger la Amazonía puede costar la vida frente a mafias que operan con violencia y largos años de impunidad.

En un giro clave para uno de los casos más emblemáticos de violencia contra líderes indígenas en el país, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Región Policial de Ucayali, confirmó la captura de José Estrada Huayta, de 61 años, quien permanecía prófugo tras ser condenado por el asesinato de defensores ambientales en la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto en el 2014. La detención se produjo en su chacra, en el distrito de Campo Verde, a una hora de Pucallpa, donde se ocultaba pese a tener una orden de captura vigente a nivel nacional.

Sobre Estrada Huayta pesaba una condena de 28 años y tres meses de prisión, impuesta por el Poder Judicial y ratificada por la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que lo señala como autor intelectual del crimen, es decir, quien dio la orden de ejecutar a los dirigentes indígenas. Incluso, el Ministerio del Interior lo había incluido en la lista de los más buscados, ofreciendo una recompensa de S/ 50 mil por información que permitiera su ubicación.

El llamado “Caso Saweto” se remonta a septiembre de 2014, cuando fueron brutalmente asesinados los líderes asháninkas Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez. Ellos pertenecían a la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, y habían denunciado reiteradamente la presencia de madereros ilegales en sus territorios, enfrentando amenazas constantes por su labor de defensa del bosque.

El crimen ocurrió cuando los dirigentes se dirigían a pie hacia Apiwtza, en Acre (Brasil), para participar en una reunión de defensores ambientales. En el trayecto fueron interceptados y atacados con armas de fuego, en una ejecución que evidenció el nivel de violencia de las redes ilegales que operan en la Amazonía.

Junto a José Estrada Huayta, también fueron condenados Hugo Soria Flores, sindicado como coautor intelectual, así como Segundo Atachi Félix y Josimar Atachi Félix, señalados como autores materiales del asesinato. Sin embargo, estos últimos continúan prófugos, lo que mantiene abierta la preocupación sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir la justicia en zonas dominadas por economías ilegales.

La captura representa un avance en un proceso marcado por años de retrasos, negligencias y abandono estatal, pero también deja al descubierto una realidad persistente: los defensores ambientales en el Perú siguen expuestos a redes criminales que operan con altos niveles de impunidad. El caso Saweto no solo simboliza la lucha de los pueblos indígenas por proteger sus territorios, sino también la deuda histórica del país en garantizar su seguridad.

A más de una década del crimen, la memoria de Chota, Quintisima, Ríos y Pinedo sigue siendo un llamado urgente a la acción. La justicia avanza, pero lentamente, en un escenario donde defender la Amazonía aún significa enfrentar amenazas, persecución y, en el peor de los casos, la muerte.