“¿Por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña, plata que no es del partido, sino de todos los peruanos?”

La transparencia no puede ser un discurso vacío: si el dinero público se usa como botín político, la democracia pierde sentido y el país seguirá en caída libre.

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, anunció que dará un paso al costado de su postulación si no se identifican, sancionan y expulsan a los responsables del presunto direccionamiento de recursos públicos de la franja electoral hacia el canal Nativa TV, por un monto de S/642.000, en el marco del proceso hacia las Elecciones Generales 2026.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Álvarez se deslindó de cualquier responsabilidad administrativa y financiera, y emplazó directamente a la dirigencia de su organización política a aclarar de inmediato la denuncia, remarcando que no está dispuesto a tolerar la impunidad. “No soy el encargado de las finanzas del partido, pero no voy en contra de lo que predico. Si no caen los culpables, voy a dar un paso al costado”, sostuvo, en un mensaje que también fue respaldado por postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados, quienes exigieron sanciones ejemplares.

El escándalo se desató tras una investigación difundida por La Encerrona, que reveló que varios partidos habrían concentrado grandes montos de la franja electoral en medios de baja audiencia, presuntamente a cambio de comisiones de hasta el 15%. En ese contexto, se informó que País para Todos eligió a Nativa para la difusión de su franja electoral por S/642.000, repartidos en distintos programas.

El caso también alcanzó a Primero la Gente, donde el excandidato a diputado Miguel del Castillo habría presuntamente direccionado S/464.000 a favor del mismo canal, con el que habría tenido vínculos previos, versión que fue negada por el propio Del Castillo. Sobre este punto, la exministra y dirigente de ese partido, Marisol Pérez Tello, calificó la franja electoral como “el ejemplo más claro y escandaloso de corrupción”, cuestionando que se destinen recursos públicos a medios “que no ve nadie”.

En su pronunciamiento, Carlos Álvarez también cuestionó el rol del Estado y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), advirtiendo que, incluso si un partido se arrepiente de contratar un medio, el dinero no se devuelve y debe ser usado obligatoriamente para contenidos de educación electoral, lo que, a su juicio, revela una falla estructural del sistema. Por ello, propuso derogar la ley de la franja electoral y redirigir esos recursos a sectores prioritarios del país.

“¿Por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña, plata que no es del partido, sino de todos los peruanos?”, cuestionó el candidato, marcando distancia de cualquier decisión interna sobre la contratación de medios y afirmando que nunca fue informado de dónde se emitiría la franja electoral.

El caso vuelve a poner en el centro del debate el uso del dinero público en campañas políticas, la debilidad de los controles internos en los partidos y la urgencia de reformas reales si se pretende recuperar la confianza ciudadana. Porque sin sanciones, sin claridad y sin ética, así no se construye democracia.