La carretera Puente Colombia-Shapaja-Chazuta, iniciada en 2008 durante la gestión del entonces presidente regional César Villanueva, se convirtió en un símbolo de promesas incumplidas para los habitantes de la provincia de San Martín. A pesar del anuncio inicial con «bombos y platillos», el asfaltado nunca se culminó, lo que llevó a la empresa constructora (Consorcio Vial del Perú) a iniciar un proceso de arbitraje contra el Gobierno Regional.
El conflicto escaló durante la administración del Dr. Víctor Noriega (2015-2018), cuando un tribunal resolvió a favor de la contratista, ordenando al gobierno regional pagar 16 millones de soles por incumplimiento. Sin embargo, la gestión de Pedro Bogarín (2019-2022) no ejecutó el pago, lo que provocó que la deuda, por intereses y penalidades, ascendiera a 21.7 millones de soles hasta 2024.
Actualmente, Walter Grundel, ha admitido que no puede gestionar mejoras en la vía incluyendo el asfaltado pendiente hasta cancelar el monto del arbitraje. «Es un lastre heredado que limita inversiones urgentes», declaró a medios locales.
Mientras tanto, la población de Chazuta, junto a autoridades regionales, exige soluciones. Representantes viajarán al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para buscar alternativas: desde un acuerdo que permita reactivar la obra hasta proyectos paralelos como la apertura de túneles que mejoren la conectividad. No obstante, todo depende de resolver el litigio.
Fondo del conflicto
• El arbitraje ha sido señalado por la Contraloría como un caso de «mala gestión contractual».
• Organizaciones civiles denuncian que los retrasos perjudican el transporte de productos agrícolas y el turismo local.
¿Qué sigue?
El MTC deberá definir si asume parte de la deuda o busca un convenio con el gobierno regional. Mientras tanto, los usuarios de la vía continúan transitando por tramos en mal estado, con el riesgo que ello implica.