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Centinela 2026: ¿Lucha antiterrorista o psicosocial para encubrir el caso Cerimedo?

Por: Neptalí Santillán Ruiz – Médico cirujano, especializado en salud pública –

La detención de artistas populares y dirigentes políticos durante el operativo policial “Centinela 2026” abre serias interrogantes sobre el uso político de las fuerzas del orden y una posible cortina de humo para desviar la atención pública.

El jueves 19 de noviembre de 2026, la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) realizó allanamientos simultáneos en Lima, Cusco y San Martín, deteniendo preliminarmente a cuatro personas de un total de diez investigadas por presuntos vínculos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Entre los intervenidos figuran los artistas Pedro Mo y Brenda Jah, además de un dirigente y excandidato al Congreso por Juntos por el Perú.

La espectacularidad mediática del despliegue obliga a mantener una estricta vigilancia democrática frente a lo que califican como prácticas autoritarias históricas.

La tesis fiscal utiliza conceptos ideológicos como “poder popular”, “autodefensa”, letras de canciones o demandas por una Asamblea Constituyente como indicios de terrorismo. Sostiene que confundir la disidencia política y el arte contestatario con delitos terroristas sustituye el derecho penal de los actos por el de las ideas. Asimismo, aunque la Policía y el Ministerio Público alegan cerca de dos años de seguimiento e inteligencia sobre supuesto entrenamiento militar y manejo de explosivos, los abogados de los detenidos y organizaciones de derechos humanos advierten la falta de pruebas materiales y peritajes concluyentes, alertando sobre el riesgo de detener y estigmatizar antes de demostrar culpabilidad.

Por otro lado, la coincidencia temporal del operativo con la difusión de audios atribuidos al consultor argentino Fernando Cerimedo sobre una presunta infiltración en la ONPE durante la segunda vuelta electoral de 2026, sumada a las declaraciones de su expareja Nadia Beller y el debate parlamentario sobre sus supuestos nexos con Fuerza Popular. Desde esta perspectiva, se plantea la hipótesis de que el operativo buscaría desplazar el escándalo electoral de la agenda mediática mediante el miedo.

Finalmente, contrapone este despliegue policial frente a la crisis de extorsión, sicariato y crimen organizado que afecta a millones de ciudadanos. Por ello, se exige el respeto al debido proceso, la revisión de las detenciones si no existen pruebas suficientes y una investigación transparente e independiente tanto sobre el caso Cerimedo como sobre las imputaciones contra los intervenidos. 

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