En gran parte la política ha sido ocupada por mercaderes.
El Legislativo se maneja con una agenda ajena a un contrapeso político necesario para encaminar políticas urgentes para enfrentar la crisis.
Diciembre es el mes en el que se hacen los balances del año. Se evalúa el desempeño de actividades, hechos, coyunturas, proyectos. Se analiza los contextos políticos, sociales y económicos. Finalmente, se hacen las proyecciones trimestrales, semestrales y se formula una proyección anual sobre el desarrollo económico del país. Todo esto en tiempos normales. Sin embargo, en las circunstancias actuales no hay forma de establecer criterios de predictibilidad. La inestabilidad política se agudiza hora tras hora, día tras día, semana tras semana.
Esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Está el gobierno en rumbo de colisión? Todo indica que sí. Cuando una embarcación está en esa dirección es muy difícil evitar el choque y su eventual naufragio. Esta confrontación no permitió conformar un equipo de gestión con la solvencia suficiente para tomar las riendas de una situación crítica por la que atraviesa el país, lo que nos ha llevado a una inestabilidad política que ha repercutido en la economía, disparó el precio del dólar y elevó el costo de vida a niveles de extrema preocupación, sobre todo en los sectores populares, hecho que de no haber correctivos puede dar pie a eventuales desbordes populares y a un incremento de la informalidad de la actividad económica que ya está en un 75%.
A estas alturas de la gestión gubernamental del presidente Dina Boluarte, el país se encuentra en un mar de incertidumbre ante la indefinición de políticas públicas claras en educación, agricultura, transporte, minería, energía, entre otros rubros gravitantes para la economía nacional. La decisión del premier Alberto Otárola de justificar y desagraviar a nombre del Estado a los protagonistas de actos violentos contra la propiedad privada y el bien común, así como neutralizar la intervención de las fuerzas del orden bajo el concepto de que no se debe “criminalizar la protesta”, ha empoderado a grupos que están extremando sus expectativas y centran sus exigencias en aspectos estrictamente económicos.
El discurso de la defensa ambiental ha quedado relegado a un segundo plano en conflictos que están generando la suspensión y paralización de proyectos en un sector que representa casi el 15% del PBI como es la minería, así como la agro exportación, la explotación petrolera.
Las exigencias económicas, son cada vez más radicales, mientras que la respuesta del Estado es débil y no ha mostrado capacidad para encontrar puntos de solución permanentes, más allá de acuerdos coyunturales que no brindan ningún tipo de seguridad para inversiones de mediano y largo plazo.
La propuesta que trajo la izquierda está mostrando improvisación, pobreza de ejecución, permisividad para la corrupción y está muy alejada del discurso y la narrativa de integridad ética y moral pública que tanto pregonó. Los sectores políticos de derecha tampoco demuestran liderazgo y capacidad para conducir al país a un horizonte de paz y desarrollo.
Fueron años en los que nos ganó la incertidumbre y no tuvimos respuestas a nuestras interrogantes sobre el futuro. La salud, en primer tèrmino, el trabajo, la educaciòn, la seguridad y el desarrollo se convirtieròn en una pendiente hasta que la amenaza de la pandemia se alejara, aunque aún no es tiempo de cantar victoria total sobre el mal.
La convulsión social y política en la que nos hemos visto envueltos nos colocó en una posición sumamente débil y mostró el rostro polarizado, discriminante y violento de un país que parece no haber aprendido de las lecciones del pasado y amenaza con repetirlas. Fueron días de agobio y de pérdidas.
Preocupa que las fuerzas polìticas, ante la obligaciòn de revisar su comportamiento, no parecen haber comprendido la necesidad de reflexiòn y del mea culpa que demanda el momento actual. Se trata de una pausa en la que se requiere el mayor desprendimiento y la capacidad de escuchar atentamente el reclamo ciudadano. Es el momento de abrir paso al diálogo civilizado y a la disposición de mayor buena voluntad de las autoridades. Sin vencedores ni vencidos. Solo peruanos de uno y otro lado que quieren un futuro de paz.
Esperemos que esta pausa sea usada por las organizaciones sociales y los ciudadanos, en especial los que habitan en regiones en los que se dieròn las protestas para la reflexión sobre el país que queremos y el que estamos construyendo.